Más de 300 investigadores y representantes de la sociedad civil firmaron ayer una declaración en contra de los Organismos Modificados Genéticamente (OMG) y su introducción en la agricultura, el medio ambiente y la alimentación. Los firmantes piden que se prohíba su comercialización y distribución en España.
Más de 300 investigadores, docentes universitarios, organizaciones profesionales agrarias, asociaciones ecologistas, de consumidores, de productores de agricultura ecológica, ONG de desarrollo y entidades privadas, entre otras, reclaman en un manifiesto que España reconsidere su apuesta transgénica y oriente su agricultura hacia soluciones ambiental y socialmente sostenible.
La declaración recoge que tras once años de cultivo en España, se ha comprobado que las semillas modificadas genéticamente no reportan los beneficios prometidos por la industria biotecnológica. También señala que no reducen el empleo de productos químicos en el campo, sino que lo aumentan; que sus rendimientos son menores o en el mejor de los casos equivalentes a los de las variedades no modificadas genéticamente; que reducen la biodiversidad y contaminan especies silvestres emparentadas; no aportan mejoras en la calidad de los alimentos y no contribuyen a aliviar la pobreza ni el hambre en el mundo.
También, denuncian que en la Unión Europea el procedimiento de aprobación es "claramente antidemocrático" porque la Comisión tiene la última palabra, pese al rechazo de la mayoría de los Estados Miembro y que la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria está siendo objeto de recriminaciones "por su falta de transparencia".
El responsable de la campaña contra transgénicos de Greenpeace, Juan Felipe Carrasco, aseguró durante el acto que los ciudadanos "no quieren seguir comiendo transgénicos" y sin embargo España es el líder de la UE en cultivos modificados genéticamente, con 75.000 hectáreas.
Las razones.
Por su parte, Luis González, de Ecologistas en Acción, criticó que España haya autorizado la siembra de nuevas variedades de transgénicos, cuando países de su entorno, como Hungría, Austria y recientemente Francia, están prohibiendo la comercialización y distribución de estos productos. Igualmente, desde la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos, Andoni García Arriola, subrayó que la utilización de transgénicos elimina la capacidad de agricultores y consumidores para elegir los alimentos, y supedita la agricultura a los designios de las grandes corporaciones.
"El Gobierno español debe prohibir el uso de organismos modificados genéticamente porque no suponen ningún beneficio y sí perjuicios", sentenció Jorge Riechman, de CC.OO. y presidente de Científicos por el Medio Ambiente.
Por ello, los promotores de esta declaración esperan que "sirva para impulsar un debate fundamental como es el de la introducción de los transgénicos, que el Gobierno tome nota de la abrumadora oposición social frente a su imposición en la agricultura y la alimentación y que el Ministerio de Agricultura reconsidere su apuesta transgénica y oriente la agricultura hacia soluciones ambiental y socialmente sostenibles".
El texto denuncia los "peligros" de la introducción de estos cultivos en el medio ambiente. Además recuerda que el comisario europeo de Medio Ambiente, Stavros Dimas, ha propuesto la prohibición de dos maíces transgénicos por "los riesgos que suponen para el medio ambiente, basándose en las evidencias de los potenciales daños ambientales".
