Cientos de funcionarios públicos han bloqueado este miércoles el acceso a diversos ministerios en protesta contra una nueva ley que recorta 30.000 empleos públicos hasta finales de 2011 y reduce sueldos y pensiones.
Desde primera hora empleados de los Ministerios de Economía, Finanzas, Desarrollo, Interior, Agricultura y Reformas Administrativas bloquearon el acceso a los inmuebles impidiendo cualquier actividad laboral.
Además, a partir de las cinco de la madrugada de mañana los medios de transporte público en Atenas permanecerán paralizados durante 48 horas en protesta contra el recorte en el personal y la reducción del sueldo.
Los sindicatos mayoritarios han convocado una nueva huelga general de 24 horas para el 19 de octubre, que se suma a una oleada de paros sectoriales previos.
Los trabajadores portuarios de todo el país y los funcionarios de Hacienda iniciarán también una huelga de tres días a partir del lunes en protesta por las medidas de austeridad.
Previamente, los abogados iniciarán una huelga de una semana a partir de mañana, mientras que los empleados de los ayuntamientos que recogen la basura continúan con su huelga, lo que ha llevado a que se amontonen 7.000 toneladas de residuos en las calles de las principales ciudades.
El primer ministro griego, Yorgos Papandréu, ha convocado hoy un Consejo de ministros para tratar sobre la liberalización de la profesión de taxista, de los que hay unos 27.000 en todo el país, y que contaba con un sistema de licencias cerrado que no permitía la emisión de nuevos permisos.
Papandréu mantuvo una conversación telefónica anoche con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, para tratar sobre una posible salida a la crisis griega, según informó hoy su despacho.
El contacto se hizo horas después de que la misión de supervisión formada por la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional, conocida como la troika, diese luz verde a la entrega del sexto tramo del paquete de asistencia financiera a Grecia, de 8.000 millones de euros.
La entrega definitiva aún debe superar la aprobación política del Eurogrupo y el comité ejecutivo del FMI.
