L.Blanco/ Agencias
Cinco niñas de un centro de menores en Córdoba llevan tres días en paradero deconocido tras fugarse el domingo y denunciar el lunes ante la Guardia Civil presuntos malos tratos de los educadores. La escasez de medios de estos centros es una de las denuncias del informe del Defensor del Menor, presentado el miércoles.
El director del centro para menores con trastornos de conducta Prado de Santa María, en Hornachuelos (Córdoba) dio la voz de alarma el domingo por la noche ante la fuga de las cinco internas ante el puesto de la Guardia Civil en Palma del Río. El mismo puesto al que las chicas acudieron el lunes para denunciar presuntos malos tratos de los educadores del centro. A pesar de estar sobre aviso de su fuga, tras poner la denuncia las menores se marcharon y desde entonces se encuentran en paradero desconocido.
El centro es de régimen abierto y concertado con la Consejería de Igualdad y Bienestar Social, que ha iniciado diligencias informativas a fin de establecer las "versiones dispares" sobre los hechos denunciados por las menores, informe que se elevará a la Fiscalía.
El Defensor del Menor, José Chamizo, se remitió al Fiscal de Menores para aclarar lo sucedido pero reconoció que debe haber una "situación de peso" para que las niñas acudieron a la Guardia Civil.
Chamizo presentó ayer en el Parlamento su informe anual sobre menores, en el que llama la atención sobre "el desajuste de medios" entre las plazas ofertadas para el internamiento de menores, tanto con trastornos de conducta como los que cumplen medidas de internamiento por responsabilidad penal.
En el caso de los centros para menores con trastornos de conducta, alude a algunas quejas presentadas como la de una madre sevillana cuya hija de 15 años lleva dos años esperando su ingreso decretado por el Hospital Virgen Macarena o la denuncia de un vecino de Casabermeja (Málaga) por un centro presuntamente destinado al internamiento de menores alemanes que ejerce su actividad sin control de la administración.
Pero las principales reclamacaciones se refieren a la falta de plazas para menores infractores, ante el aumento de las medidas de internamiento dictadas por los Juzgados y su "previsible evolución". Andalucía cuenta con 772 plazas y el año pasado se dictaron 871 medidas de internamiento (768 en régimen semiabierto, 53 cerrado, 9 abierto y 41 de internamiento terapéutico).
En su informe, Chamizo destaca la ausencia de centro en Huelva -en su respuesta la Junta afirma que hay un proyecto en fase de diseño para un centro con 60 plazas- y la falta de plazas en Sevilla y Málaga, que hace que menores de estas provincias tengan que cumplir las medidas lejos de su entorno familiar.
Aunque la Ley del Menor obliga a designar el centro que cuente con el programa educativo o terapéutico más adecuado a las necesidades del menor y el más cercano a su domicilio, las quejas al Defensor revelan que es la disponibilidad de plazas la que se impone como criterio, lo que "viene a poner en cuestión el dimensionamiento de la red de recursos".
Chamizo también recibe quejas por las dificultades para lograr un traslado posterior, ya que se suele esgrimiar la inconveniencia de interrumpir el programa, y reclama ayudas económicas para el traslado de familias con escasos recursos que tengan que visitar a los menores fuera de su provincia.
