Los imputados Eloy Carmona, Pilar Domínguez y Mercedes Fuentes. / Gregorio Barrera
Ya son cuatro los concejales del Ayuntamiento de Tomares que están imputados, después de que el Juzgado de Instrucción número ocho de Sevilla haya citado a la concejal de Urbanismo, Pilar Domínguez (PP), al objeto de que preste declaración como imputada en el marco de la investigación del contrato gracias al cual el actual edil de Medio Ambiente, el también popular Juan Campos, trabajó para el Consistorio durante el pasado mandato, cuando aún no formaba parte de la Corporación local. Pilar Domínguez, como avanzó ayer Diario de Sevilla y confirmó a Europa Press la portavoz municipal de IU-CA, Valme Sánchez, como promotora de la denuncia de la que parten estas actuaciones, ha sido llamada a declarar el 17 de marzo.
Se trata de la investigación judicial relativa a la contratación del actual concejal de Medio Ambiente, para la elaboración de una serie de informes cuando no ostentaba aún el cargo de edil, dado que su contratación a manos del Consistorio tomareño se remonta al pasado mandato.
Las fuerzas de la oposición denunciaron que los informes constan de apenas dos o tres líneas y habrían sido elaborados a posteriori para justificar el dinero abonado a Campos con cargo a las arcas municipales, así como una supuesta vulneración de las normativas de contratación del sector público, dado que el contrato firmado entre el Ayuntamiento y Juan Campos fue formalizado en octubre de 2007 por un año «improrrogable», pero los trabajos y pagos se habrían prolongado hasta 2009. El concejal de Presidencia, Eloy Carmona; la vigente edil de Cultura y exconcejal de Medio Ambiente, Mercedes Fuentes; y el propio Juan Campos fueron imputados por el Juzgado de Instrucción número ocho, después de que las fuerzas de oposición elevasen el asunto a la Fiscalía y el Ministerio Público promoviese una denuncia solicitando precisamente la imputación de estos tres cargos públicos.
Después de que el Juzgado de Instrucción número ocho de Sevilla haya citado como imputada a la concejal de Urbanismo, el Gobierno municipal tomareño mostró su «absoluta tranquilidad» y convencimiento de que la resolución judicial probará que no media «ninguna ilegalidad» y que todo responde a «una denuncia política falsa de la oposición».
Tras la imputación de Pilar Domínguez, fuentes municipales señalaron a Europa Press que el Gobierno local está «absolutamente tranquilo y deseando que la Justicia se pronuncie», porque la resolución del procedimiento judicial probará, según el Consistorio, que «nadie cometió ninguna ilegalidad» y que todo es fruto de «una denuncia política falsa de la oposición».
«No tenemos nada que temer», enfatizaron las citadas fuentes, quienes defendieron la legalidad del contrato y alegaron que «los trabajos fueron realizados», todos ello «con todos los avales que marcan las leyes». «No nos preocupa que sean citadas cuantas personas sea necesario si eso sirve para aclarar la verdad y que cuanto antes se demuestre que todo es fruto de una denuncia falsa», manifestó el Ayuntamiento.
El martes, el presidente del PP de Sevilla, Juan Bueno, se expresó en los mismos términos al asegurar que la investigación judicial deriva «de la denuncia de unos partidos de oposición» en cuanto a un posible «error administrativo».
Juan Bueno recordó que el propio secretario interventor del Ayuntamiento de Tomares no ha detectado «nada» irregular en este contrato y que los concejales del PP han declarado en calidad de imputados a instancias de la Fiscalía. «En cualquier caso, estamos a la espera de lo que decida el juez», admitió Juan Bueno.
