Los pisos están cercados por la Policía desde hace días. / Pepo Herrera
La cita es el próximo viernes, pero las familias que siguen ocupado pisos vacíos de Emvisesa en Nuevo Amate (antigua Regiones Devastadas) no han decidido aún si saldrán de estos pisos para ir al juzgado o si se enfrentarán a una orden de detención. Están seguros de que, si salen, la Policía Local les impedirá volver a las viviendas, como ha hecho con todos los ocupas que han tenido que abandonar el bloque (para trabajar o llevar a un hijo al médico), así que no saben qué hacer, según sus abogados.
El Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla ha llamado a declarar, en calidad de imputados, a los miembros de estas cinco familias el próximo día 24, según informó a Europa Press fuentes del caso, ya que, tras la denuncia de Emvisesa, estas personas han sido acusadas de un presunto delito de usurpación. Según sus familiares, ya sólo quedan cuatro personas en uno de los cinco edificios que forman Nuevo Amate, con 220 viviendas de protección oficial y sólo 72 vecinos realojados (cien según el Ayuntamiento) de la antigua Regiones Devastadas.
Bajo la premisa de la necesidad de contar con un techo y la ausencia de recursos económicos para ello, cinco familias asaltaron varias de las viviendas protegidas actualmente desocupadas en esta promoción, sin contar con relación contractual alguna con los pisos en cuestión, extremo que ha motivado que Emvisesa, como titular de las viviendas, haya denunciado la usurpación de las mismas. De momento, la Policía Nacional y la Policía Local siguen vigilando la zona para impedir nuevas ocupaciones y a la espera de que el juzgado emita una orden de desalojo. Precisamente la cita para declarar podría ser el paso previo para que la juez dicte tal orden de desalojo.
Las familias reclaman una vivienda social con un alquiler acorde a sus ingresos. Sin embargo, el Ayuntamiento aseguró que ni siquiera habían solicitado una VPO, algo desmentido por las familias que, en algún caso, llevan años esperando una vivienda.
La Asociación Pro Derechos Humanos denunció ayer que el Ayuntamiento, lejos de buscar soluciones, está actuando de manera irresponsable no tendiendo puentes de diálogo. Se encuentran rodeados y cercados por la Policía que sin resolución judicial alguna y por orden del Ayuntamiento, les están impidiendo la comunicación con el exterior y el acceso a la asistencia letrada, criticó.
