El Pleno del Congreso aprobó ayer con 334 votos a favor y con la oposición de las minorías de izquierda el informe de recomendaciones de la Comisión del Pacto de Toledo, que incorpora una modificación pactada entre PSOE y CiU que reclama un nuevo marco legal sobre la edad de jubilación "más basado en la flexibilidad y gradualidad", de manera que cualquier modificación se haga de manera "progresiva" y no de forma "homogénea y forzosa para el conjunto de las personas".
Dicho de otra forma, respalda al Gobierno en su intención de prolongar la edad de jubilación hasta los 67 años, aunque trata de suavizar su aplicación.
La propuesta, que modifica el texto aprobado el 29 de diciembre, contó con el apoyo de PNV y CC, hasta sumar 186 escaños, mientras que el PP se abstuvo y ERC, IU, ICV, BNG, NaBai y UPyD votaron en contra. Por su parte, los votos particulares de los populares, las minorías de izquierda y UPyD para dejar constancia del rechazo del Congreso al retraso de la jubilación no prosperaron. El PP intentó lograr una votación separada de los puntos del informe para reforzar que se desmarcaba del pacto entre PSOE y CiU, si bien el PSOE utilizó su mayoría para frenarlo.
Tampoco prosperó el voto particular del PNV que pedía que se reconozca la posibilidad de que las comunidades utilicen "sistemas singulares o especializados" de gestión de las pensiones, sin afectar los principios de solidaridad y de la igualdad de derecho de todos los ciudadanos para acceder "en igual cuantía" a las prestaciones públicas.
La única propuesta aceptada por todos los grupos, entre las veintisiete modificaciones planteadas, fue la presentada de manera conjunta para hacer explícito el compromiso de los grupos en favor de la defensa del mantenimiento y mejora del sistema público de pensiones, "basado en el reparto y la solidaridad".
El presidente de la Comisión del Pacto de Toledo, Juan Morano, abrió el debate señalando que el informe marca las principales adaptaciones para garantizar su "sostenibilidad financiera".
En su estreno como portavoz en materia de pensiones, Jesús Caldera remarcó que en los próximos 35 años el sistema de pensiones dará entrada a 22 millones con una media de supervivencia de 24 años, el doble que en los 35 años anteriores, lo que justifica las reformas para garantizar su sostenibilidad. En este sentido, recordó que la anterior reforma, que se hizo cuando él ocupaba la cartera de Trabajo, ya planteaba incentivar el retraso voluntario de la jubilación, pero sólo se acogieron el 3% de los potenciales pensionistas. "Por eso creemos que hay que ir más allá", aseguró, señalando que así se lo ha indicado a sus propias hijas.
El portavoz del PP, Tomás Burgos, advirtió de que la reforma no puede limitarse a "mover las fichas" a la "desesperada" y que el Gobierno debe tener en cuenta las recomendaciones del Pacto, que en su mayoría cuentan con el respaldo popular, salvo el "injusto" retraso de la edad, que implica un recorte del 20% en la prestación.
