I.M. / M. Ú.
Los nacionalistas catalanes de CIU y ERC empuñaron sus armas contra la propuesta de financiación de Andalucía. El PSOE federal está tanteando el grado de acuerdo de sus autonomías con el modelo de Chaves como base. Como exigió Zapatero, tratan de sellar un acuerdo previo para evitar tirones una vez que se abra de forma oficial el debate.
El modelo de financiación que trasladó la Junta de Andalucía al Gobierno de la Nación en abril de 2006, con la población como factor clave en el reparto de los ingresos del Estado entre las autonomías, está convirtiéndose en una pieza fundamental en el tablero autonómico y en los primeros contactos entre comunidades socialistas a instancias del PSOE federal.
La prueba más clara de que el modelo que abandera Andalucía, opuesto al de Cataluña, está jugando un papel protagonista es el virulento pronunciamiento que ayer protagonizaron los líderes de los partidos nacionalistas catalanes, CIU y ERC. Artur Mas, secretario general de CDC, exigió que el futuro modelo de financiación responda a los intereses de Cataluña y "no a los del PSOE" y advirtió de que los socialistas, de la mano del presidente andaluz Manuel Chaves, están poniendo en marcha un proceso para que esto no sea así. Mas lamentó que los socialistas estén dilatando el debate para que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre el Estatut y si hay un fallo contrario poder negociar "a la baja". Los nacionalistas catalanes alertaron de un pacto PSOE-PP del que saldrían beneficiadas Andalucía y Valencia. "El señor Chaves ya se defiende solo y suficiente influencia tiene ya en La Moncloa", agregó Mas.
También la comisión permanente de ERC rechazó que la ejecutiva del PSOE o la de cualquier otro partido decida el sistema de financiación y elogió que el Gobierno de Cataluña busque también sus aliados en el mapa autonómico y haga "frente común" con Valencia, en manos del PP, o Baleares, donde también gobiernan los socialistas. "Nos tememos lo peor", indicó la portavoz de ERC, Marina Llansana.
La dirección federal del PSOE está realizando una labor callada para "encajar" las diferentes propuestas sobre financiación que tienen las comunidades en las que gobiernan. El reto es perfilar un modelo que satisfaga a todos los barones socialistas y que permita unificar la voz del PSOE antes de que el Gobierno de Zapatero abra el debate en el Consejo de Política Fiscal y Financiera -el órgano donde se sienta el Ejecutivo y las 17 autonomías-. En julio Cataluña ha anunciado que pondrá sobre la mesa las balanzas fiscales y será el pistoletazo de salida. El grupo de 13 expertos que actualizará las balanzas fiscales de Cataluña con la administración central presentará cifras en unos dos meses con datos de 2006, según explicó el conseller de Economía y Finanzas, Antoni Castells.
Fuentes socialistas desde Madrid aseguraron a Europa Press que la propuesta que remitió Andalucía la anterior legislatura, con la población como criterio clave, será fundamental para tratar de cerrar ese acuerdo. Se utilizará como base o punto de partida y sobre este modelo trataran de sumar las reivindicaciones de otras comunidades. Este modelo recoge además los principios básicos sobre financiación que dicta el Estatuto de Autonomía de Andalucía -pactado por PSOE y PP- y que los socialistas andaluces proponen como la llave de un acuerdo entre los líderes de los dos grandes partidos, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy. En el PSOE asumen que sin un pacto de este calado será muy complicado sacar adelante por unanimidad la reforma de la financiación.
La dirección federal del PSOE ha tenido contactos informales con casi todas las comunidades y habrá una reunión "antes de verano". La suficiencia financiera, la solidaridad entre regiones y la corresponsabilidad fiscal son tres principios -recogidos en la propuesta andaluza- sobre los que deberá pivotar este acuerdo previo de las nueve autonomías socialistas, según señaló Zapatero. Principios que chocan con la propuesta de Cataluña, que recorta la solidaridad y exige una negociación bilateral a solas con el Estado.
El vicepresidente segundo del Gobierno andaluz y consejero de Economía, José Antonio Griñán, aseguró ayer que no se trata de "crear frentes" entre las comunidades sino de "hablar" y acordar. Griñán tachó de "inasumible" la propuesta catalana y admitió estar "desconcertado" por el apoyo de Valencia. "No vamos a estar de acuerdo en reducir la solidaridad a un 60% del conjunto de los recursos", advirtió. La propuesta andaluza, defendió, "le viene bien también a Valencia y Cataluña" y es "muy constitucional". "Es un modelo capaz de satisfacer las demandas de todas las comunidades autónomas", concluyó el vicepresidente andaluz.
