El ajuste que Banca Cívica, el grupo financiero conformado por las cajas de ahorros Cajasol, Caja Navarra, Caja Canarias y Caja Burgos, ha planteado en la mesa laboral a los sindicatos va más allá de la necesidad de aplicar un severo recorte de empleo que afectará a casi 1.500 trabajadores a lo largo de los próximos dos años, de los que en torno a 300 despidos se afrontarían de manera inmediata.
De forma complementaria, y en la misma reunión que mantuvieron las partes, la dirección puso sobre la mesa la necesidad de recortar los salarios a la plantilla en una horquilla que oscila entre el 5% y el 20%, de forma proporcional y escalonada en varios tramos en función de los ingresos y a partir de los 30.000 euros, según precisaron ayer fuentes sindicales, que abundaron en que también se planteó la suspensión de la aportación a los planes de pensiones.
De hecho, representantes de los trabajadores y de la entidad financiera mantuvieron ayer un encuentro, al margen de la mesa laboral -es decir, sin carácter negociador sino informativo-, en el que las centrales sindicales habían solicitado a Cívica los datos económicos sobre los que sustentan el duro ajuste laboral planteado para analizarlos en detalle. Sin embargo, según las fuentes consultadas, no tuvieron acceso a esa información, salvo a una presentación de proyecciones económicas a dos años vista que, a juicio de los sindicatos, supone exigirles a los trabajadores "un acto de fe", al desconocer de dónde parten esas estimaciones.
Banca Cívica se marca el objetivo de reducir su ratio de eficiencia hasta situarla en el 50% en un plazo de dos años, para lo que reivindica la exigencia de adaptar la dimensión de su plantilla -integrada por 7.827 trabajadores según los últimos datos correspondientes a septiembre de 2011- y se ha comprometido a adelgazar los gastos generales en un 27%, agregaron las fuentes.
Además de los despidos, que conllevarían el cierre de 156 oficinas, muchas de ellas en Andalucía, y de la rebaja salarial, la entidad ha incluido también medidas referidas a la movilidad geográfica en ese paquete de ajustes, que ha generado protestas en ciudades como Sevilla y Pamplona.
Y es que los despidos que ha colocado sobre la mesa Cívica suponen el 18% de su fuerza laboral, una tijera que viene a sumarse a la aplicada a lo largo del año pasado y que supuso la salida de 1.100 trabajadores a través de prejubilaciones para mayores de 55 años, que se marcharon percibiendo el 83,5% de su salario.
El desglose de las 1.480 nuevas salidas se corresponden con 450 puestos vinculados a los servicios corporativos centrales, entre los que se encuentran las dos sedes sevillanas de San Francisco y Sierpes, así como otros 970 empleados de oficinas y 60 de la red de colaboradores. La previsión de cierre de sucursales es de 156 que, además, se ubican en su mayoría en su área de influencia tradicional, lo que afectaría de lleno a la comunidad andaluza.
El endurecimiento de las condiciones que plantea la reforma financiera, que ayer recibió el visto bueno, ha obligado al grupo de cajas a reducir drásticamente su estructura para ganar competitividad y adecuarse a las exigencias del mercado. El reloj ha empezado a correr. En cuatro meses el escenario financiero será muy distinto al actual, más concentrado como resultado de nuevas fusiones de grupos de cajas.
