La conferencia sectorial de Agricultura celebrada el pasado martes, último trámite entre el Ministerio y las comunidades autónomas para terminar de perfilar los últimos detalles de la reforma de la PAC, que deberá enviar el Gobierno a Bruselas antes del 1 de agosto y que comenzará a aplicarse a partir del 1 de enero de 2015, ha abierto la enésima brecha en el campo. Así, mientras la patronal Asaja da por buenos los resultados cosechados para Andalucía, los pequeños y medianos agricultores agrupados en COAG y UPA arremetieron contra el Gobierno central, al que acusaron de primar el «criterio político» para perjudicar a la comunidad andaluza, puesto que «Andalucía es la única región que pierde, en términos generales, y esa merma es de casi 600 millones de euros (577)», haciendo suyas las estimaciones que ha realizado la Consejería de Agricultura.
Los secretarios generales de COAG y UPA Andalucía, Miguel López y Agustín Rodríguez, respectivamente, ayer. / Foto: El Correo
Los secretarios generales de COAG y UPA en Andalucía, Miguel López y Agustín Rodríguez, criticaron ayer en rueda de prensa «la falta de transparencia» que ha marcado todo el proceso de diseño de la PAC en el ámbito nacional, además de lamentar que haya sido el «criterio político» el que «finalmente ha condicionado el reparto de los apoyos, por encima de los aspectos objetivos, técnicos y profesionales».
Así, consideraron que la sectorial fue una «farsa», ya que la decisión estaba tomada por el Ministerio, que además significa «un claro incumplimiento de los acuerdos y compromisos alcanzados en reuniones anteriores».
Ambas organizaciones reclaman al Ministerio que ponga sobre la mesa todos los datos y que no espere a la entrada en vigor de la reforma, lo cual reduciría notablemente el margen de actuación. En cuanto al reparto de los apoyos subrayaron que, si bien cada sector es distinto y por tanto pueden considerarse cuestiones diferentes, «curiosamente todas las decisiones a este respecto coinciden en algo: son lesivas para los intereses de Andalucía y castigan al modelo social y profesional que es mayoritario en nuestra comunidad autónoma». Como ejemplo, el caso del vacuno de leche, en el que se prima al ganado situado en zona de montaña (favoreciendo así a la cornisa cantábrica) y se aplica la degresividad (esto es, un recorte de los pagos a partir de una cierta cuantía) a partir de las cien primeras vacas. Ambas organizaciones habían defendido la degresividad, pero como criterio a aplicar con carácter general, para contribuir a «un mejor reparto de los apoyos en lugar de consolidar ayudas millonarias».
Lo mismo ocurre, a su juicio, con los topes a las ayudas. Tanto UPA como COAG reclamaban poner límites a las ayudas, también para procurar un reparto más social de los apoyos, pero «esto no se ha aplicado, excepto para un sector, el girasol, con lo que de nuevo nuestra región sale perjudicada, porque tiene importantes extensiones de este cultivo que podrían verse beneficiadas», precisaron.
Para la ayuda asociada a la remolacha, abundaron, se va a tener en cuenta la producción, lo cual, «favorece a la zona norte y perjudica a Andalucía, que tiene más superficie, pero sin embargo en tomate de industria se va a considerar la superficie, de manera que de nuevo pierde Andalucía, que es la región con mayores rendimientos».
Así, UPA y COAG advirtieron de que existe un trasfondo político que lo que «persigue es beneficiar a las comunidades autónomas del mismo color, en perjuicio de la comunidad andaluza, de signo distinto». «Esto no es serio, no es democrático y no es aceptable, sino que es reírse del sector», agregaron, al tiempo que recordaron que la nueva PAC «no habla de regulación, ni de cadena alimentaria ni de acabar con la especulación», por lo que al final las más perjudicadas serán «las explotaciones más productivas y profesionales, las que más han invertido y se han endeudado, las que no tienen capacidad ni vocación de deslocalizarse y las que en mayor medida crean economía y empleo en Andalucía».
Trasvase a favor. Sin embargo, para Asaja, Andalucía «no trasvasará fondos a otras comunidades autónomas». Es más, dice, «no solo se mantiene el nivel de apoyo a nuestra región, sino que incluso se daría un ligero trasvase a nuestro favor», por lo que reclamó a la consejera que «abandone su estrategia de alarmismo y confrontación, que tan pobres resultados está dando» y se ponga a trabajar «con seriedad».
«Esto no quiere decir que todo quede igual», ya que la repercusión económica a nivel individual que tendrá el nuevo reparto sobre cada agricultor y ganadero «no se conocerá hasta 2015», al no responder a un patrón homogéneo. No obstante, consideró, los trasvases de fondos «se limitarán a agricultores de las mismas comarcas y similares orientaciones productivas en un proceso de convergencia limitado en cuanto a las cantidades y a lo largo de un periodo de cinco años». La patronal recordó que la conferencia sectorial de hace un año fue la que decidió el destino del 88 por ciento del presupuesto de la PAC y en ella «se aparcó la tasa plana, que hubiera supuesto la pérdida de más de 1.000 millones de euros anuales».
Lo que quedaba aún por dilucidar, indicó en una nota, eran los requisitos concretos para la percepción de los pagos acoplados y la determinación exacta del importe para fijar los estratos o regiones que contempla el nuevo modelo de pago básico, que deberá contar con un máximo de 24 para favorecer a todos los sectores productivos de la región, precisó.
