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Código de Buen Gobierno, ¡atomar viento!

Que se sepa, el PP gobierna en las comunidades autónomas de Madrid, Castilla León, Murcia, Valencia, Canarias y La Rioja. De igual forma, tiene la responsabilidad de dirigir muchos e importantes ayuntamientos de España y, además, goza de presencia parlamentaria...

el 15 sep 2009 / 23:00 h.

Que se sepa, el PP gobierna en las comunidades autónomas de Madrid, Castilla León, Murcia, Valencia, Canarias y La Rioja. De igual forma, tiene la responsabilidad de dirigir muchos e importantes ayuntamientos de España y, además, goza de presencia parlamentaria en Cataluña, País Vasco, Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, Navarra, Aragón, Baleares, Galicia, Asturias y Cantabria. En algunas de esas comunidades ha habido escándalos de corrupción sonados que podrían haber sido denunciados por el PP. El silencio más absoluto ha presidido el comportamiento de ese partido cuando algún dirigente político, de alguna de esas regiones, se ha visto involucrado en casos de malas prácticas de gobierno, merecedoras de la intervención del Fiscal Anticorrupción. Y, sin embargo, el PP se descolgó, hace unas semanas, con una reunión en Sevilla en la que participaron los señores Rajoy, Arenas y Monago; el primero, como se sabe, presidente nacional de ese partido, y los otros dos, presidentes regionales del PP de Andalucía y Extremadura, respectivamente. El objetivo de dicha cita era, según informaciones recogidas en la prensa regional de ambas comunidades, elaborar un Código de Buen Gobierno para las Comunidades Autónomas de Andalucía y Extremadura. Nadie tiene noticias de que en esos territorios, desde que son autonómicos y son gobernados por socialistas, se hayan producido hechos escandalosos merecedores de una especial vigilancia por parte del principal partido de la oposición; ni Chaves ni Fernández Vara se han visto implicados en ningún asunto turbio en el tiempo en que llevan gobernando sus respectivas autonomías. En consecuencia, parece lícito preguntarse por las razones que han llevado a esos dirigentes populares para elegir Sevilla como sede del encuentro, en el que se ha elaborado ese Código de Buen Gobierno.

Cualquiera puede pensar que, cuando un partido está interesado en establecer una forma concreta y determinada de gobernar, signifique un estilo propio de la casa, lo primero que tiene que hacer es predicar con el ejemplo. Si el PP no estuviera gobernando en ninguna parte, sería comprensible que, allí donde se encuentre en oposición, haga saber a los ciudadanos su estilo y su marca de gobierno, para cuando llegara el momento de gobernar por la voluntad mayoritaria de los electores. Pero ése no es el caso cuando hablamos de los populares. Ya hemos dicho dónde gobierna ese partido y dónde se encuentra en oposición. Resultaría más creíble en sus propuestas si, antes de hablar sobre cómo tienen que gobernar los socialistas, nos hablaran de cómo gobiernan ellos. Y, por el momento, no conocemos de la existencia de un código similar al que aprobaron para Extremadura y Andalucía que esté rigiendo en los gobiernos regionales, provinciales y municipales donde el PP ejerce su mayoría. ¿Por qué Rajoy, antes de venir aquí, no se ha pasado por Madrid o por Valencia y les ha exigido a Esperanza Aguirre y a Camps que pongan en marcha un código de buen gobierno, similar al que aprobaron en tierras andaluzas? ¿A qué espera el PP para llevar esa propuesta a los parlamentos de Cataluña o País Vasco, donde tienen presencia parlamentaria suficiente como para exigir que se debata esa iniciativa? ¿Madrid o Valencia van a poner en marcha ese monumento a la estupidez que aprobaron en Sevilla? ¿Por qué ése código sólo para Andalucía y Extremadura?

No es difícil responder a esa pregunta; Mariano Rajoy, como otros cuantos españoles de su talla y catadura, siguen pensando que las zonas menos desarrolladas de España viven del cuento y de la subvención y que, cuando esos pueblos eligen a sus gobernantes, éstos sólo piensan en la forma de asaltar el Presupuesto Público para amasar una pequeñita y apañada fortuna. Desconfiar de los gobernantes, por el simple hecho de ser andaluces o extremeños, es una afrenta y un insulto a los pueblos sobre los que gobiernan esas personas, sean éstos del partido que sean. ¿No se le ha pasado por la cabeza al señor Rajoy desconfiar, en sus malévolas intenciones, de gobernantes de otras zonas aparentemente más desarrolladas de España? ¡Con la que está cayendo en sus feudos más significativos! ¡No! Al dirigente popular sólo se le ocurre pensar que un político andaluz o extremeño, cuando llega al gobierno de su región, lo primero que hace es tratar de llevarse los recursos ajenos o dilapidar el presupuesto que los ciudadanos han puesto en sus manos. Me indigna que esa forma de ofensa siga viva en la España de hoy, pero más me indigna que no se tenga el menor inconveniente en exteriorizarla y airearla, dando por sentado que los ciudadanos de ambas comunidades no les vamos a sacar los colores a quienes siguen teniendo ese peculiar concepto de nosotros.

Y el colmo del remate es que Rajoy haya ido a Sevilla a insultar a andaluces y extremeños, teniendo como palmeros a un andaluz y a un extremeño, los citados Arenas y Monago, que siguen padeciendo el complejo de inferioridad que, durante siglos, se apoderó de determinada burguesía de ambas regiones. Los dos dirigentes populares perdieron una magnífica oportunidad de identificarse con sus paisanos si, cuando Rajoy les citó para afrentarnos, ellos hubieran mandado a su jefe a tomar viento. "Cuando te atrevas con Madrid y Valencia, entonces vienes y nos lo cuentas", hubiera sido la respuesta que uno hubiera esperado de esos dos dirigentes regionales a la afrenta, pero eso sería pedir que ambos creyeran en su tierra y en sus gentes.

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