Los centros escolares y hospitales andaluces prohibirán el consumo de cigarrillos electrónicos a partir del mes que viene. El Ministerio de Sanidad acordó ayer la medida con las comunidades autónomas, aunque Andalucía y Cataluña ya se habían adelantado y anunciado la prohibición hace unas semanas. La consejera de Salud, María José Sánchez Rubio, informó ayer de que su departamento trabaja ya con la Consejería de Educación para dictar una resolución que vete este tipo de cigarrillos en las escuelas a partir de enero, por si la normativa estatal tarda en aprobarse. Nos parece muy bien que se haga esa regulación nacional porque entendemos que no está demostrado en absoluto que sirvan para dejar de fumar y tampoco está demostrado que no produzcan problemas de salud, señaló la consejera.
El cigarro electrónico es un producto pensado originariamente para dejar de fumar. Empezó a comercializarse con más éxito hace dos años, primero a través de internet y luego empezaron a proliferar tiendas especializadas. Salud no sólo duda de su efectividad como sistema para dejar de fumar, también sospecha que alguno de los componentes químicos que contienen estos cigarrillos podrían ser nocivos.
Se trata de dispositivos de unos 14,5 centímetros, parecido a un bolígrafo, con un grosor de 1,5 centímetros de diámetro, y que en lugar del humo de nicotina y alquitrán (entre otros componentes) emite vapor con una mezcla de nicotina (algunos no lo tienen), glicol de propileno (una sustancia sintética que absorbe el agua), glicerina vegetal y sabores de extractos de hierva o frutas. La consejería ha sometido a estudio en laboratorios a todas las marcas que se comercializan en la comunidad por si existieran componentes químicos no declarados.
Su consumo es distinto al del tabaco tradicional porque no exige caladas continuas, sino esporádicas. Los cigarrillos electrónicos no se consumen ni se queman, se recargan con un líquido, una batería y un atomizador.
La prohibición estatal podría extenderse también al transporte público y al ámbito de las administraciones públicas, especialmente en las oficinas de atención al público. El Ministerio que dirige Ana Mato prevé hablar con los grupos parlamentarios la próxima semana o a principios de enero para pedirles que incluyan la prohibición del consumo en algunos de los proyectos legislativos que hay actualmente en tramitación, además de añadir un anexo a la actual Ley Antitabaco. La Asociación Nacional del Cigarrillo Electrónico denunció ayer la falta de consulta pública y la equiparación con el tabaco. Es inaceptable la criminalización del cigarro electrónico y su equiparación arbitraria con el tabaco, porque no tienen nada que ver, advierte.
