Pese a numerosos llamamientos al diálogo y las ofertas de ayuda para resolver las diferencias entre Venezuela y Colombia, casi 24 horas después de la ruptura de relaciones por parte de Caracas no hay señales de acercamiento ni de distensión.
De momento, el fiscal General de Colombia, Guillermo Mendoza Diago, planteó ayer la posibilidad de denunciar a Venezuela ante la Corte Penal Internacional (CPI) por la presencia de miembros de las bandas armadas FARC y el ELN en ese país, donde, según señaló, se refugian tras cometer delitos de lesa humanidad. "Si ya logramos establecer eso, y tenemos información de que las personas atacantes se refugian en Venezuela y las autoridades no hacen nada, y por el contrario los apoyan, pues entonces pudiéramos ya consolidar la denuncia ante la Corte Penal Internacional", dijo Mendoza, quien agregó que incluso la Corte podría llegar hasta el presidente Chávez.
Por su parte, la Fiscal General venezolana, Luisa Ortega, afirmó que su país "se defenderá" ante la CPI y anunció, además, que la Fiscalía "activó un plan para reforzar la actividad fiscal en los estados fronterizos" venezolanos, Zulia, Táchira y Apure, con la designación de dos fiscales nacionales en cada una de esas entidades para que detecten "cualquier delito tipificado en las leyes venezolanas".
Este anuncio se produjo después de que el jueves el presidente venezolano, Hugo Chávez, decretase la "alerta máxima" en la frontera común con Colombia para responder a una eventual "agresión" por parte del Ejecutivo de Álvaro Uribe y diera la orden, a través de su canciller Nicolás Maduro, para que la delegación diplomática de Bogotá en Caracas abandone el país en 72 horas.
Así, mientras el Gobierno colombiano sigue en su postura de guardar silencio, el venezolano, por boca del ministro de Defensa, Carlos Mata, afirmó ayer que la Fuerza Armada dará una "respuesta contundente" a cualquier "fuerza extranjera que intente violar" la soberanía nacional.
Entretanto, Colombia mostró ayer, en Washington, fotos y vídeos y entregó coordenadas de campamentos armados con las que sustentó las denuncias de presencia de unos 1.500 guerrilleros de las FARC y del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en Venezuela. A lo que EEUU respondió afirmando que Venezuela "tiene la obligación de investigar" las denuncias de Colombia, que, según el Departamento de Estado, "deben ser tomadas muy en serio"
El embajador de Venezuela ante la OEA, Roy Chaderton, dijo ayer a una radio colombiana que grupos irregulares de Colombia han cruzado la frontera bilateral en "muchas" ocasiones pero han sido combatidos e incluso han causado bajas a las Fuerzas Armadas venezolanas.
Desde el anuncio de Chávez han proliferado los llamamientos al diálogo y las ofertas de ayuda para resolver esta nueva crisis en las relaciones entre dos países vecinos y "hermanos". Los gobiernos de España, Francia y Rusia enviaron ayer mensajes a ambas partes para instar al diálogo y también a la "contención" con el fin de evitar una escalada de la tensión. En el mismo sentido se pronunciaron el jueves la OEA y su secretario general, José Miguel Insulza; el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, y varios gobiernos latinoamericanos.
Antes de la ruptura, las relaciones colombo-venezolanas estaban ya "congeladas" por orden de Chávez, quien tomó esa decisión el 28 de julio de 2009 después de que el Gobierno colombiano denunciara el hallazgo de armas de procedencia venezolana en manos de la guerrilla.
