El exviceconsejero de Presidencia de la Junta, Antonio Lozano, ha decidido suspender su declaración ante la jueza Mercedes Alaya, que le imputa prevaricación y malversación presupuestaria por su participación en la elaboración de los presupuestos y las modificaciones destinadas a pagar las ayudas sociolaborales bajo sospecha, al considerar que no se están respetando sus garantías y derechos.
La decisión de Lozano se ha producido alrededor de una hora y media después de iniciarse la declaración y después de un receso propuesto por algunos abogados ante la tensión durante el interrogatorio, en el que Alaya ha accedido a que el imputado dictase las respuestas a la secretaria judicial en vez de hacerlo la instructora como suele ser habitual tras rechazar la petición de la defensa de que la declaración fuera grabada.
La jueza ha llamado la atención al abogado, José María Mohedano, por hacer señas a su cliente mientras hablaba tirándole de la chaqueta y le ha pedido que se alejara de él porque no está jugando limpio, y justo antes del receso ha llegado a pedir al imputado que dejara de hacer teatro, según abogados presentes en el interrogatorio.
La jueza ha acusado a Lozano de participar y ser conocer del sistema establecido en la Junta para el pago de las ayudas a los ERE mediante transferencias de financiación que a su juicio buscaba eludir los controles ya que durante su etapa como director general de Presupuestos de la Consejería de Economía entre 2002 y 2009 participaba en la elaboración de las cuentas andaluzas.
En concreto le ha acusado de tramitar 12 expedientes de modificaciones presupuestarios para la partida conocida como fondo de reptiles por valor de 57 millones de euros, lo que ha motivado que tras la suspensión de la declaración, en la vistilla de medidas provisionales, el PP y Manos Limpias pidan una fianza civil de 76 millones de euros (57 más un tercio legal de lo presuntamente malversado con esas modificaciones presupuestarias). El fiscal y el resto de las partes personadas no han pedido ninguna medida cautelar para Lozano.
Hasta la suspensión de la declaración, la jueza había realizado cinco preguntas a Lozano sobre su participación en las reuniones anuales de alto nivel en las que se preparaban los presupuestos de la Junta y se analizaban las diferentes partidas y su consentimiento al uso de las transferencias de financiación, que Lozano defendió que contaban con la aprobación del Parlamento de Andalucía. El abogado de Lozano, José María Mohedano, había solicitado la suspensión de la declaración de su cliente hasta la resolución del recurso contra su imputación presentado ante la Audiencia Provincial, extremo que la jueza ha rechazado. Alaya también se ha opuesto a la solicitud del abogado para que la declaración sea grabada.
Tras la lectura de la imputación y le negativa de la jueza a ambas peticiones de la defensa de Lozano, comenzó la declaración del que fuera viceconsejero de Presidencia hasta la última remodelación del Gobierno andaluz. Antes de entrar en la sala, Mohedano expresó que su cliente tenía voluntad de declarar si bien no aclaró su estrategia a la espera de conocer la respuesta de la jueza a sus peticiones.
Mohedano, muy crítico con los interrogatorios de la jueza Alaya que tildó de "inquisitoriales" y "preconstitucional", se ha presentado también acompañado del sucesor de Antonio Lozano en la Dirección General de Presupuestos, Buenaventura Aguilera, también imputado y citado a declarar el día 24. La jueza Alaya señaló que era incompatible que defendiera a los dos, algo que el letrado también ha recurrido aunque no está resuelto. El abogado señaló a los periodistas que con la presencia de Aguilera, que no ha accedido al interrogatorio en la sala al estar imputado en la causa, quería demostrar que "no hay incompatibilidad".
