La juez Mercedes Alaya a su llegada hoy al Juzgado nº 6 de Sevilla, donde ha citado a los peritos de la Intervención General del Estado para que ratifiquen el informe en el que criticaban el sistema de concesión de los ERE y que es clave para la acusación contra los imputados. EFE/Julio Muñoz
Los peritos de la Intervención General citados hoy por la jueza Mercedes Alaya han tirado del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (RAE) para definir el sistema de financiación de los ERE, al que han calificado como "fraudulento, según el significado de la RAE", es decir, "engañoso y falaz". Los especialistas, cuatro más una ayudante, han señalado como responsables de este sistema fraudulento a las consejerías de Empleo, Economía y Hacienda y la Agencia IDEA. Una idea que no ha cambiado después de analizar el contrainforme presentado por la defensa del expresidente de la Junta José Antonio Griñán, del que han dicho estar plagado de "errores".
La declaración de estos perito comenzaba por la ratificación del informe, tras lo que han relatado ante la jueza y los numerosos abogados que están hoy en la sala su dilatada experiencia profesional, que viene a resumirse entre todos en "más de 94 años de experiencia en la administración pública" y "33 años en el sector privado en tareas contables, financieras, fiscales y de administración". A continuación, la jueza ha planteado su primera pregunta: si han leído el contrainforme de Griñán. La repuesta ha sido afirmativa, aunque han precisado que no han cambiado su opinión, ya que se trata de un informe de parte "sesgado y con interpretaciones propias de informes de parte", según indicaron fuentes del caso. Es más, han dicho que contiene "muchos errores", uno de ellos sobre la teoría de las transferencias de financiación, el sistema que permitió el pago de los ERE.
Sobre el mismo han destacado que se trata de un sistema "fraudulento, en el significado que recoge la RAE: engañoso y falaz". De hecho, han mantenido que el uso de las transferencias es "inadecuada de acuerdo a la legalidad" y que el IFA (luego Agencia IDEA) "usó ilegalmente las transferencias para el pago de subvenciones". Un fraude delque han responsabilizado a las consejerías de Empleo, Economía y Hacienda, y la Agencia IDEA, pues consideran que la "intervención de ellas es necesaria y precisa para que esta realidad se pueda constituir", indicaron las citadas fuentes.
"SEÑORÍA ESO SE LO ESTÁ USTED INVENTANDO" Igualmente, han indicado que sobre este sistema existen tres problema fundamentales: presupuestario, de gestión de la Consejería de Empleo de los créditos y del control de la concesión de las subvenciones, todo porque se impedía la fiscalización previa por parte de la Consejería de Empleo. Además, han recordado las limitaciones de la competencia de la Junta en materia laboral, que son en realidad propias del Estado. Los peritos también han confirmado que de las 263 ayudas otorgadas, solo 77 parten de un expediente de regulación de empleo, el resto "no tiene nada que ver".
La declaración de los peritos ha provocado varios encontronazos con loas abogados de las defensas. El abogado del exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, Fernando de Pablo, solicitó la suspensión del acto al considerar que no se trata de una pericial. Mientras que el abogado de Griñán, José María Mohedano, ha protestado y ha solicitado la nulidad al considerar que se estaba causando una "gravísima indefensión" a su cliente, ya que los catedráticos contratados para el contrainforme no están presentes para rebatir. "Señoría, eso se lo está usted inventando ahora", le ha llegado a decir el letrado a la magistrada.
