La Audiencia de Málaga tiene previsto juzgar a partir de mañana al ex alcalde de la localidad malagueña de Marbella Julián Muñoz, al abogado José María del Nido, al ex asesor de Urbanismo marbellí Juan Antonio Roca y al resto de acusados en el denominado caso 'Minutas', sobre las presuntas irregularidades en los encargos hechos al letrado por parte del Consistorio marbellí.
De los 18 acusados, uno, Javier Lendínez, está en busca y captura desde mayo de 2009. El juicio comenzará con las cuestiones previas y hay más de un centenar de periodistas acreditados de 31 medios. Las sesiones serán de mañana y los días se irán alternando, según las semanas. Así, esta primera, la vista oral está señalada para mañana, el miércoles y el jueves; mientras que la semana posterior será del lunes día 12 al jueves día 15.
La causa se inició a raíz de la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción en 2006, tras analizar varios informes de fiscalización del Tribunal de Cuentas sobre el Consistorio marbellí. El ministerio público presentó escrito de acusación por los delitos de asociación ilícita, prevaricación administrativa, fraude, malversación de caudales públicos, falsedad documental y delitos societarios y el juez ordenó abrir juicio oral.
En sus conclusiones iniciales, la Fiscalía Anticorrupción pidió para Muñoz 16 años y medio de prisión y 48 de inhabilitación, tanto absoluta como para empleo o cargo público; al acusarle de los delitos de asociación ilícita, delito continuado de prevaricación administrativa, otro continuado de fraude en concurso con malversación, delitos societarios y malversación con uso de bienes muebles o inmuebles.
A Del Nido se le acusa de asociación ilícita, delito continuado de prevaricación administrativa, como cooperador necesario; de otro continuado de fraude en concurso ideal con uno continuado de malversación, también como inductor; así como de falsedad documental, de documento oficial y de documento privado, de tres delitos societarios, de malversación de uso de bienes y de deslealtad profesional.
Por esto, el presidente del Sevilla se enfrentaría inicialmente a una petición por parte del fiscal de 13 años y medio, inhabilitación para ejercer como abogado durante cuatro años, además de inhabilitación especial para desempeño de cargos de administración o representación de sociedades durante siete años y para empleo o cargo público durante 17 años, según el documento al que tuvo acceso Europa Press.
Asimismo, la Fiscalía Anticorrupción acusa a Roca por presunto fraude en concurso con un delito de malversación de caudales, solicitando una pena de seis años de cárcel. Al ex secretario municipal Leopoldo Barrantes se le acusa inicialmente de prevaricación de funcionario, dos de falsedad y otro de malversación.
También están acusados los ex concejales Marisa Alcalá, Rafael González, José Luis Fernández Garrosa, Alberto García, Tomás Reñones y Javier Lendínez, quien, no obstante, se encuentra en ignorado paradero. Otros procesados son Modesto Perodia, a quien se le acusa de los mismos delitos en los que coinciden Muñoz y Del Nido; y una letrada del despacho de Del Nido.
INSTRUCCION
El fiscal asegura en su escrito que de las investigaciones se desprende que la contratación de los servicios profesionales de Del Nido "estuvo basada única y exclusivamente" en la voluntad del entonces alcalde, Jesús Gil, "sin que para dicha designación o para la asignación de cada uno de los servicios concretos y ejercicio de acciones se iniciare el preceptivo expediente o cualquier formalidad legalmente prevista por el órgano municipal".
Se indica que el alcalde accidental, Julián Muñoz, que habitual y formalmente presidía y participaba en las juntas de gobierno local, "le adjudicaba los servicios y el ejercicio de las acciones concretas, mediante decretos inmotivados, al tiempo que se promovía que la comisión de Gobierno aprobara el gasto correspondiente". "De ese modo se actuó por la vía de hecho", apunta la calificación provisional.
Así, se pretendía "una maquinación defraudatoria estable y progresiva, al menos desde el año 1999, planeada por los acusados con absoluto desprecio a los intereses públicos y en grave perjuicio de las arcas municipales", señala el ministerio fiscal, que precisa que, al comportamiento "despatrimonializador", se unieron "bajo el mando y control del fallecido Jesús Gil y Gil, en un primer nivel dirigente, los acusados Julián Muñoz y José María del Nido, apoyados y asesorados en todo momento por un buen conocedor del funcionamiento de las sociedades municipales, el acusado Modesto Perodia".
El fiscal describe la participación de cada acusado y analiza los encargos realizados al letrado y las órdenes de pago presuntamente irregulares. Tras la instrucción, concluye que a partir de la moción de censura de agosto de 2003, que provocó que Marisol Yagüe ocupara la Alcaldía en lugar de Muñoz; y una vez que se excluyó a Del Nido como asesor municipal, "el coste anual por los servicios externos de asistencia y asesoramiento jurídico descendió en un 62 por ciento". Así, en concepto de responsabilidad civil se pide indemnización al Ayuntamiento de más de 1,8 millones de euros.
El documento indica que se adjudicó verbalmente al letrado "y sin pasar por el pleno" encargos "tan relevantes y costosos" como la coordinación de las labores de fiscalización del Tribunal de Cuentas en los años 1999-2000, así como la formulación de alegaciones al anteproyecto y al propio Informe de Fiscalización aprobado por el Tribunal de Cuentas relativo a los años 1990-1999. Se señala que se pretendía la "obstrucción" a las labores fiscalizadoras, en lo que Del Nido "sí que tuvo un papel destacado".
Respecto a Roca, el fiscal señala que era la única persona autorizada en una cuenta de Planeamiento 2000 y apunta que "en grave perjuicio de las arcas municipales firmó un talón" presuntamente para el pago a uno de los acusados de la elaboración de las alegaciones al anteproyecto de Informe de Fiscalización del Tribunal de Cuentas de tres sociedades municipales cuando, según el fiscal, el trabajo fue "inexistente".
La acusación señala que la intervención de Del Nido en el Ayuntamiento y en las sociedades municipales llegó a suponer "al menos el 70 por ciento de la actividad desarrollada por su despacho colectivo de Sevilla" y destaca la "confianza existente entre éste y el alcalde --Gil-- fraguada en el contexto de sus quehaceres como directivos de clubes de la liga española de fútbol" y consolidada a raíz de su intervención en el conocido como caso 'Camisetas'.
No obstante, en la fase de enjuiciamiento contable, sentencias del Tribunal de Cuentas han concluido que no se ha demostrado responsabilidad contable en el letrado por determinadas minutas. Así, la última de las resoluciones, de principios de marzo, dictada por la Sala de Justicia de dicho Tribunal, señala que "no se ha acreditado la existencia de un daño real y efectivo en los fondos públicos".
