La Junta de Andalucía ha iniciado las obras de la Audiencia Provincial de Sevilla que pretenden adaptar el edificio ante la celebración del juicio por el caso Marta del Castillo el próximo mes de octubre. Para ello, se están acondicionando las instalaciones de la Audiencia, que contará con una sala de prensa provisional para facilitar el trabajo a los profesionales de los medios de comunicación que cubran la información del proceso.
Dicha estancia, que se ubicará cerca de la sala donde va a celebrarse el juicio, se utilizará también como sala de espera para los ciudadanos demandantes y para los propios letrados que atienden las guardias del Servicio de Orientación Jurídica.
Según informó la Delegación de Gobierno de la Junta, las obras se están llevando a cabo en las antiguas viviendas de los empleados judiciales, espacio que va a acoger la nueva sala, y comenzaron el pasado 18 de agosto. El presupuesto global asciende a los 128.000 euros.
Entre el 17 de octubre y el 30 de noviembre la Sección Séptima de la Audiencia Provincial enjuiciará a los cuatro mayores de edad acusados por el caso Marta del Castillo: Miguel Carcaño, el autor confeso del crimen; su amigo, Samuel Benítez; su hermano Francisco Javier Delgado, y la novia de éste, María García.
El consejero de Gobernación y Justicia de la Junta, Francisco Menacho, ya había anunciado que se habilitarían las instalaciones para la celebración de este proceso judicial y aseguró que Sevilla estaba "totalmente preparada" para acogerlo.
Las obras que aún no se han acometido y que, tras sucesivos retrasos, se han aparcado definitivamente son las del edificio central de la Audiencia Provincial, situado en El Prado. Estos trabajos, que se anunciaron como inminentes en 2007, planteaban la reforma de los juzgados para que albergaran los juzgados de Violencia sobre la Mujer, las nuevas instalaciones del Instituto de Medicina Legal (IML) y la Audiencia Provincial de Sevilla. La crisis económica ha provocado que, de momento, la Junta de Andalucía haya paralizado el proyecto, para el que se estimaba un coste de 3,1 millones de euros y una duración de casi dos años.
La Junta considera que, ante el recorte de presupuesto, debe dar prioridad a otro proyecto que cree más urgente: la construcción de la esperada Ciudad de la Justicia, de la que se lleva hablando desde 2000.
