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Cómo borrar un delito que no existió

La alcaldesa de Casares pide que se declare nula la sentencia de muerte de Blas Infante.

el 23 abr 2010 / 20:23 h.

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Un fotógrafo retrata el busto de Blas Infante en el Parlamento andaluz.
La alcaldesa de Casares (Málaga), Antonia Morera, de IU, ha enviado una carta al Fiscal General del Estado , Cándido Conde-Pumpido, en la que le pide una entrevista. Lo que quiere exigirle en esa cita es que active el procedimiento necesario para declarar nula la sentencia de 4 de mayo de 1940 en la que se condenaba a muerte a Blas Infante, Padre de la Patria Andaluza, por delitos que no eran tales, como la defensa del andalucismo. Curiosa sentencia, dictada cuatro años después de que Infante fuese fusilado en la vieja carretera que une Sevilla y Carmona, el 11 de agosto de 1936.

La regidora malagueña entiende que ese fallo es ilegal, además de "incompatible con la declaración de los derechos humanos, los tratados y protocolos internacionales contra los genocidios, las torturas y los malos tratos firmados por España".

Con su misiva, Morera reabre un debate que escuece en la clase política andaluza, ya que lo que reclama es algo que debería haberse logrado ya, toda vez que en octubre de 2007 el Pleno del Parlamento aprobó por unanimidad una petición para instar a la Junta a que exigiera al Ministerio de Justicia "con la mayor urgencia posible" la desaparición de dicha sentencia. Aquella idea, votada a propuesta de IU, nunca se ejecutó y se ha convertido en una de las principales reivindicaciones del andalucismo.

"Hasta el momento no se ha hecho nada, no ha habido respuesta ni hemos tenido noticia", lamenta la alcaldesa, que pide ahora un esfuerzo especial del Gobierno coincidiendo con el 125 aniversario del nacimiento de Infante. Sin embargo, la última vez que saltó a la palestra esta petición -en agosto pasado, en el último aniversario del asesinato del notario de Casares-, el presidente de la Junta , José Antonio Griñán, eludió la posibilidad de pedir la intervención del Estado. "Infante fue asesinado, no sentenciado", dijo, tras recordar que ya el artículo 3 de la Ley de Memoria Histórica declara la "ilegitimidad" de todas las condenas de los fascistas.

Como la norma se aprobó dos meses después de que la Cámara andaluza instase a la Junta a pedir esa anulación, Griñán entiende que el error ya quedó subsanado, porque se declaran ilegales los tribunales que firmaron el fallo, y su Gobierno, con tanto, se ve eximido de insistir en el mandato que le dio el Parlamento. Por tanto, debe ser la familia la que "persiga y obtenga" una declaración de nulidad.

Según la Ley de Enjuiciamiento Criminal, es el Tribunal Supremo el que debe ratificar dicha anulación. A él se remitirán en breve los familiares del político catalán Lluís Companys y del poeta alicantino Miguel Hernández para que se limpie su nombre de delito alguno, como ahora se pide de nuevo que se haga con Infante.

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