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Cómo evitar un líder corrupto

Los partidos afectados por escándalos urbanísticos elaboran códigos éticos como panacea.

el 07 nov 2009 / 19:34 h.

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La Policía porta documentos relacionados con el caso Palma Arena.

Las alarmas no dejan de sonar en los partidos políticos españoles a raíz de los dos últimos casos de corrupción -Gürtel y Pretoria- que han salpicado a las principales formaciones del país (PP, PSC-PSOE y CiU). Pero las alertas ya estaban encendidas desde el año 2006 cuando se destapó el caso Malaya en el Ayuntamiento de Marbella y que se saldó con 103 procesados. Desde entonces han surgido como hongos las tramas de corrupción distribuidas por toda la Península, en las que están implicados medio centenar de ayuntamientos, fundamentalmente por irregularidades urbanísticas, en las que hay más de 800 imputados entre políticos, funcionarios y empresarios.

Pero los dos últimos casos de corrupción son los que han empujado a los partidos señalados por la sombra de la duda a dar un golpe de efecto y a anunciar la elaboración o la actualización de códigos éticos o de buenas prácticas. Así lo han hecho el presidente del PP, Mariano Rajoy; y el líder de CiU y secretario de CDC, Artur Mas. El PSOE se desmarca por entender que en sus estatutos están perfectamente delimitadas las actuaciones por las que puede ser penalizado un cargo público y las sanciones a imponer, aunque el PSC -su formación en Cataluña- sí se ha comprometido a revisar su código de buenas prácticas.

El PP, muy tocado por la trama Gürtel, con 64 imputados, se ha visto forzado a encargar al área de Organización del partido, encabezada por Ana Mato, a redactar un nuevo código que sustituya al de la etapa de José María Aznar. El texto será presentado en breve, pero desde la formación guardan el más absoluto mutismo sobre qué cuestiones se regularán.

Imagen en entredicho. Esta urgencia por lavar la imagen está más que justificada, porque en el Gürtel están imputadas figuras relevantes del partido; entre ellas el senador Luis Bárcenas, que se vio obligado a renunciar a su cargo de tesorero, junto al diputado nacional Rafael Merino y varios alcaldes madrileños. A ello se une que incluso le ha costado el puesto a su secretario general en Valencia, Ricardo Costa, pese a que los tribunales desestimaron la causa abierta contra los cuatro imputados de la rama valenciana del caso, entre ellos el presidente de la Generalitat, Francisco Camps.

A este varapalo, al PP se le une otro caso importante: el del Palma Arena por el sobrecosto en la construcción del velódromo y en el que, entre otros, está imputado el que fuera presidente balear, el popular Jaume Matas.

Pero las tramas de corrupción no sólo afectan al PP. En el caso Pretoria de Santa Coloma de Gramenet, está implicado el alcalde, Bartomeu Muñoz (PSC), y otros miembros de su partido, además de dos ex altos cargos de CiU de la etapa de Jordi Pujol: Maciá Alavedra y Lluís Penafeta. El escándalo en Cataluña es tal después del presunto desfalco en el Palau -que ascendería a los 31 millones de euros- que el líder de CiU anunció a los pocos días que en breve presentará un código de buenas prácticas para sus cargos públicos y de partido, aunque aseguró que se trata de un mandato del último congreso convergente y no una iniciativa tomada a raíz de la trama Pretoria. Toda una coincidencia.

También el PSC avisó de que revisará su código ético: sus candidatos deberán hacer públicos sus ingresos, patrimonio y gastos de actividad política.
A pesar de que las tramas de corrupción se extienden por toda la geografía, hay formaciones que por ahora no se han visto gravemente implicadas. Por ello PNV, BNG, Coalición Canaria, UPyD o UPN no incluyen en su agenda como prioridad elaborar un código ético, ya que los casos de corrupción les pillan lejos como admitieron a este periódico.

No obstante, el secretario de Comunicación de UPN, Sergio Sayas, reconoció que la clase política tiene que reflexionar y meditar sobre cómo se está actuando, "porque la política no es para un aprovechamiento personal. Estar en política es la mejor forma de cambiar las cosas, es un servicio público, pero ahora los ciudadanos creen que los políticos roban. Es que es una vergüenza lo que se está viendo en estos tiempos".

De forma similar se expresan en IU, que apuestan por regenerar la vida política, por la desconfianza que se ha generado.

Por ello y dada la mala imagen de los políticos, el vicepresidente tercero del Gobierno y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, manifestó que el Ejecutivo va a hacer una "reflexión serena y tranquila" sobre la posibilidad de incluir algún tipo de regulación en la futura renovación de la Ley de Bases de Régimen Local con la que se pueda evitar casos de corrupción en la Administración.

Y es que el problema es más que inquietante, los ciudadanos, en la última encuesta del CIS, exponían que estaban más preocupados por la política y los políticos que por el terrorismo. Una situación que, sin embargo, no extraña al profesor de Sociología de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) Juan Jesús González: "Esta tendencia se viene dando desde hace más de un año, porque los partidos son incapaces de entenderse y ponerse a trabajar para resolver los problemas que tiene el país". Para González, la falta de credibilidad se ha podido acentuar con los casos de corrupción, "pero viene de antes, porque la ciudadanía ve que los políticos no hacen nada por unirse para salir de la crisis".

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