El ambicioso proyecto de de universalizar el derecho a una escuela infantil para niños de 0 a 3 años, blindado en la Ley de Educación de Andalucía (LEA), tiene un talón de Aquiles muy localizado: para extender la red de guarderías hasta cubrir toda la demanda de plazas, a la Junta no le ha quedado más remedio que apoyarse en la iniciativa privada y en los ayuntamientos. Educación demanda suelo municipal y ofrece cuantiosas subvenciones para ir promocionando progresivamente la apertura de nuevas escuelas infantiles.
Existe, claro, el problema de la falta de crédito en los bancos para abrir una empresa y la asfixia económica de los ayuntamientos que les disuade de ceder suelo cotizado para hacer una guardería. Pero el problema del mapa de necesidades que ha diseñado Educación para saber dónde habrá más demanda de guarderías es que los municipios o las zonas de ciudad donde más falta hacen no siempre atraen a los empresarios.
Hacerse cargo de una guardería en el centro de la ciudad, en un barrio adinerado, es rentable, pero hacerla en un pueblo pequeño, no tanto. Por eso las subvenciones de Educación para construir guarderías priman a los municipios donde no existe ninguna.
Aún así, las 5.000 vacantes de este curso parecen subrayar la "necesidad de una mayor planificación". El Partido Popular eleva esta cifra de puestos libres a 12.000, usando "datos proporcionados por la consejería en distintas respuestas parlamentarias". Los populares lo atribuyen a la "falta de planificación" de Educación, pero también al "elevado precio" de la plaza en una guardería, que obliga a las familias a desecharla por la "imposibilidad de pagarla". Educación otorga ayudas que cubren del 25 al 75% del precio de la plaza, según los ingresos de la familia, y en algunos casos, financia el 100% de la misma.
