Dice la Ley de Educación Andaluza (LEA) que el director de un colegio debe sancionar las faltas de asistencia de sus profesores. Eso dice la ley, pero ahora hay que concretar las sanciones y después algún director tendrá que aplicarlas con sus compañeros. La Consejería de Educación no ha querido desarrollar esos artículos de la LEA que dicen cómo deben funcionar los colegios a partir de ahora, sin antes consultarlo con quienes se verán afectados en el día a día por los cambios que se incorporen al reglamento de centros de Infantil, Primaria y ESO. El desarrollo de la ley obligará a cambiar una normativa que lleva vigente 12 años, desde 1997, y dada la sensibilidad de algunos temas, la consejería ha preferido preguntarle directamente a los profesores cómo lo harían ellos.
Suele ocurrir que la administración diseña unas normas escolares y cuando éstas llegan a las aulas, los profesores se quejan de que poco o nada tienen que ver con el día a día de la escuela. Para evitar eso hay foros intermedios de debate y análisis donde se reúnen los que hacen la política educativa y los que la aplican: mesas sectoriales de los sindicatos de la enseñanza, mesas técnicas...
Las normas que están pendientes de aprobación serán de uso diario: las nuevas competencias del director, cómo deben coordinarse los colegios de un mismo barrio, cómo se gasta el dinero para funcionamiento, cómo se sustituye la baja de un profesor... Cuando entren en vigor, los colegios tendrán mucha más autonomía y capacidad de gestión de la que tienen ahora y, a la postre, podrán funcionar casi de forma independiente, sin tener que pedir permiso a la consejería para todo.
Hace un par de años, Educación vio, atónita, cómo el ambicioso Plan de Calidad para mejorar los resultados académicos le estallaba en la cara por no haberlo sabido transmitir en la escuela. Esta vez han querido implicar desde el principio a todos los agentes de la comunidad escolar -padres, patronal, sindicatos-. A todos se les ha enviado una síntesis de la LEA y una serie de preguntas concretas que ellos mismos tienen que considerar antes de aprobar el reglamento nuevo. Además, para evitar que el debate lo monopolicen las instituciones, la consejería ha colgado los documentos y las preguntas en su página web, dejando una dirección de correo abierta donde cualquier profesor de cualquier colegio de Andalucía puede enviar sus sugerencias. "Sumar miradas y enfoques no sólo redundará en la calidad de la norma que finalmente se redacte, sino que permitirá ir generando una cultura de la participación, la innovación y la colaboración", dice el documento.
Al extender sin límites el foro de debate a toda la escuela, la consejería ha vuelto a enfadar a los sindicatos de la enseñanza, que ya no son los interlocutores en exclusiva del profesorado andaluz. Ayer reclamaron ser ellos los primeros en sentarse en la mesa sectorial a decidir cómo deben funcionar sus centros de trabajo. CC.OO, la organización mayoritaria del sector, fue la primera en recriminar públicamente a la consejera de Educación, Teresa Jiménez, "el error que se vuelve a cometer llevando un tema tan técnico y de tanto calado para el profesorado, sin contar con sus representantes y abriendo un debate a toda la comunidad educativa para que opinen en abierto".
La consejería defendió el valor democrático de este foro, donde espera recibir las sugerencias de todos los colegios y profesores. Fuentes de Educación advirtieron de que "la representatividad de algunos sindicatos de la enseñanza ha quedado en entredicho después de haber convocado varios paros sin que haya habido un seguimiento significativo por parte del profesorado". El buzón de sugerencias estará abierto hasta el 1 de junio. Después Educación tendrá que decirle a los colegios cómo trabajar con tanta autonomía.
