Hace justo una semana Sevilla se convertía en el epicentro internacional de emprendedores y viveros de empresas con los principales agentes del emprendimiento y la innovación, con el respaldo del Príncipe y del ministro de Hacienda. En esa cita, los asistentes pudieron escuchar algunas claves de la futura política de innovación y cómo se estructurará el reparto de los fondos europeos porque las prioridades han cambiado. Una de esas voces fue la de Luis Cueto, responsable de la Subdirección General de Fomento de la Innovación Empresarial del Ministerio de Economía.
El pasado viernes el Consejo de Ministros recibía el informe de Hacienda sobre el Acuerdo de Asociación, documento que recoge la programación de los fondos estructurales y de inversión europeos para el periodo 2014-2020, que supondrá para España la asignación de 36.130 millones de euros, y que ha sido fruto de un trabajo de dos años de diálogo interministerial, con las comunidades autónomas y con agentes económicos y sociales. De esa cifra, 19.393 millones corresponden a los fondos de desarrollo regional (Feder), otros 8.446 millones al Fondo Social Europeo, que incluye 943 millones de la Iniciativa de Empleo Juvenil, 8.291 millones al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) para hacer llegar la innovación a las zonas rurales, mejorar las estructuras productivas y los canales de comercialización, y el Fondo Europeo Marítimo y Pesquero, aún en negociación. El documento estará tres semanas en información pública, para ser remitido a Bruselas antes del 22 de abril.
España seguirá recibiendo fondos estructurales en el periodo 2014-20. «Hasta 2013 el mayor porcentaje de esos fondos eran agrícolas o para infraestructuras, pero como ahora esos fondos se tienen que dedicar a otros temas, España nunca ha tenido tanto dinero de Europa, teniendo en cuenta los elevados volúmenes de inversión que absorbían las infraestructuras», indica Luis Cueto en declaraciones a este periódico.
Así, hay cuatro pilares fundamentales en los que se priorizará el gasto. Por un lado, en pymes, que contarán con una ayuda de más de 2.600 millones y que permitirán paliar las dificultades del acceso a financiación, impulsar su internacionalización y ayudar a emprendedores. «Este dinero, que va ser gestionado por las comunidades autónomas, podrá utilizarse en aspectos como formación, aceleración de empresas o en compra innovadora». Por otro lado, el sector TIC, que absorberá más de 2.000 millones para completar la extensión de las redes de banda ancha ultrarrápidas y para proyectos de desarrollo de la economía digital. Más de 3.200 millones se reservarán al capítulo de Economía baja en Carbono, es decir, proyectos de eficiencia energética, que gestionarán al 50 por ciento los gobiernos central y autonómico. Ya el capítulo de I+D+I, que contará con una dotación de más de 4.400 millones, se aplicará a los ámbitos de la Estrategia Española de Ciencia, Tecnología y de Innovación, en estrecha coordinación con las estrategias regionales de especialización inteligente (RIS3) de las comunidades, que ya le han hecho llegar así al Ejecutivo dónde quieren centrar sus esfuerzos en materia de innovación.
Lo han hecho, explica Cueto, después de haber mantenido un contacto estrecho con agentes como las universidades y centros de investigación para consensuar las directrices de sus respectivas estrategias. He ahí una de las claves para conseguir fondos: cuanta más colaboración entre agentes del conocimiento, más posibilidades de captar dinero.
«Los sectores sí están claros, lo que no lo están tanto son los instrumentos», profundiza Cueto. Hay numerosas opciones, pero el responsable de este área dependiente del Ministerio de Economía y Competitividad se detiene en la «compra pública innovadora».
¿Y eso qué es? No se trata de comprar tecnología, sino de encargarla. Pongamos un ejemplo. «No voy a dar un duro para comprar escáneres para los hospitales andaluces, pero sí puedo aportar dinero a empresas que quieran desarrollar un nuevo escáner que el Servicio Andaluz de Salud quiere incorporar a sus hospitales». Pues en ese ámbito, de tecnología por desarrollar y en el caso de Andalucía, Europa subvencionará hasta el 80 por ciento de esa compra innovadora. El 20 por ciento habrá que ver cómo se reparte: si con colaboración entre administraciones o no.
Ya hay casos llevados a la práctica. En el Hospital Reina Sofía, un equipo de la Universidad de Córdoba lidera la primera compra pública precomercial en España por el que se está desarrollando un robot de intervención quirúrgica por importe de 1,8 millones y cuya licitación ganó una empresa vasca. «Si resulta un éxito, será un paso de gigante» porque eso le permitirá comercializar tecnología propia con el aval del Gobierno español.
En la comunidad andaluza hay otros dos proyectos de este tipo «en ciernes». El Ministerio movilizará 20 millones de fondos Feder y el CSIC cinco más para que siete centros andaluces del CSIC relacionados con agricultura y ganadería transfieran a la empresa el conocimiento de sus investigaciones que se encuentren en fase avanzada.
Por otro lado, también la Universidad de Córdoba está implicada en un proyecto de nueva tecnología de mecanización del olivar por 3 millones «para no tener que comprar esas máquinas a los italianos».
CLUSTERS. En mayo se culminará el proceso de reorganización de los llamados clusters o Agrupaciones Empresariales Innovadoras (AEI), por el que se reducirá su número de 180 a unos 80 «en un proceso de simplificación y reducción en aquellas que tienen más actividad y son más estratégicas». Para las empresas que pertenezcan a ellos, advirtió, Economía lanzará nuevas convocatorias en 2015.
Y ojo, que cambian los criterios. Ya no tendrá peso el carácter territorial. «En vez de financiar parques tecnológicos y científicos, de los que ya se han financiado las infraestructuras y los equipamientos, se pasará a financiar clusters sectoriales y no territoriales», así que la localización no importará. Las líneas estratégicas tendrán que estar definidas en seis meses, señala Cueto.
