Después de los últimos exitos policiales contra la cúpula de ETA, la sociedad española asistió ayer a una nueva escenificación de división de los partidos democráticos en torno a la lucha contra esta banda criminal y sus organizaciones satélite. El Congreso de los Diputados rechazó en sesión plenaria una moción de la diputada de UPD, Rosa Díez, apoyada por el PP, en la que se reclamaba la disolución inmediata de los 42 ayuntamientos gobernados por Acción Nacionalista Vasca (ANV) y que pasará su gestión a las diputaciones forales. La moción fracasó por la oposición del PSOE, que abogó, al respecto, por una estrategia con tres líneas de actuación: 1) la presentación de mociones de censura en aquellos municipios en los que no se condene la violencia terrorista; 2) la vigilancia de aquellas actuaciones que puedan implicar el apoyo o enaltecimiento de actos terroristas y 3) la promoción de una futura reforma legal, con el máximo consenso político, que impida el gobierno en una institución democrática de quienes provengan de formaciones políticas ilegalizadas. La inmensa mayoría de los españoles coincide en su rechazo visceral hacia quienes llevan su cinismo y su crueldad a los ayuntamientos vascos, como es el caso de los ediles de ANV, y en la exigencia de una respuesta democrática contundente contra estos desalmados. Pero conviene mantener una cierta frialdad y no dejarse llevar por impulsos que, a la larga, se pueden volver en contra. A quienes apoyan a los terroristas hay que aislarlos socialmente mediante mociones de censura y actuar contra ellos cuando la ley lo permita. Pero siempre bajo ese mismo amparo legal y después de haber amarrado los consensos necesarios, sobre todo entre las dos grandes formaciones del país, el PSOE y el PP. En caso contrario, los mismos que abominan de la democracia se terminan aprovechando de ella y de su Estado de Derecho y es la propia sociedad la la que sufre haber cogido un mal atajo.
