Don Juan Carlos I de España decidió ayer abdicar en su hijo, el Príncipe Felipe, abriendo una situación sin precedentes en la España democrática. Con este anuncio, ahora se inicia un proceso con el que finalizarán 39 años de reinado del actual Monarca y comenzará el tiempo de Felipe VI.
La abdicación no está regulada en España, por lo que el Parlamento tendrá que aprobar una ley orgánica para hacerlo, según establece la Constitución Española. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunció para hoy la celebración de un Consejo de Ministros extraordinario para tramitar la renuncia del Jefe del Estado.
De este encuentro saldrá la ley orgánica que determinará que la abdicación queda aprobada y la renuncia entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Además, la normativa se tendrá que aprobar por mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados, y de allí pasará al Senado.
«Espero que en un plazo muy breve, las Cortes españolas puedan proceder al nombramiento como rey del que hoy es el Príncipe de Asturias», manifestó Rajoy en la comparecencia institucional que ofreció desde La Moncloa.
Al menos 303 diputados, más del 86 por ciento de la Cámara Baja, apoyarán en el Congreso la ley orgánica que tiene previsto aprobar el Consejo de Ministros. Este nuevo reglamento necesita un apoyo mínimo de 176 diputados para que salga adelante, una cifra que rebasará con creces.
Don Juan Carlos fue proclamado Rey en la sede del Congreso de los Diputados. / EFE
A la espera de que los nacionalistas de CiU y PNV tomen una decisión al respecto, la norma contará con el apoyo de 185 diputados del PP, los 110 del PSOE, cinco de Unión Progreso y Democracia (UPyD) y el de tres miembros del Grupo Mixto: Coalición Canaria, Unión del Pueblo Navarro y Foro Asturias, que cuentan con un representante cada uno.
No se cuenta tampoco con el voto ni de Amaiur, que tiene siete diputados que no suelen participar en todas las votaciones al entender que estas cuestiones no son suyas, ni de Esquerra Republicana (ERC), que sigue centrada en la consulta soberanista. El proceso puede ser tan rápido como quieran los grupos parlamentarios. De hecho, la última reforma constitucional se resolvió entre finales de agosto y principios de septiembre de 2011 en menos de 15 días.
Una vez resuelto el trámite, se prevé que el Príncipe Felipe será proclamado Rey de España en un plazo de «cuatro a seis semanas», es decir, antes de mediados del mes de julio, según indicaron fuentes del Palacio de la Zarzuela.
La proclamación del nuevo Monarca se hará «sin fastos» en una sesión solemne de las Cortes, donde reside la soberanía nacional. No está previsto, por tanto, invitar a otras Familias Reales ni a dirigentes internacionales.
Hoja de ruta. Una vez proclamado Jefe del Estado, Felipe VI establecerá su hoja de ruta, que incluirá, entre otras cosas, qué papel reservará a su padre, al que previsiblemente le asignará unas funciones y, por tanto, una asignación de los presupuestos de la Casa del Rey para retribuir esas labores.
La Constitución no establece ninguna función para el Rey que abdica, pero se estima que Don Juan Carlos podría recuperar el título de Conde de Barcelona, ostentado por su padre. Para ello habría que remitirse al Real Decreto 1386/1987, de 6 de noviembre, sobre el régimen de títulos, tratamientos y honores de la Familia Real, que establecía que el padre del Soberano «continuará de forma vitalicia en el uso del título, con tratamiento de Alteza Real y honores análogos a los que corresponden al Príncipe de Asturias». Lo que está claro es que Don Juan Carlos seguirá viviendo en el complejo de la Zarzuela, al igual que los nuevos Soberanos. La vivienda actual de Don Felipe y Doña Letizia está situada a unos cientos de metros, pero separada de lo que es el Palacio de la Zarzuela. Ni unos ni otros tienen intención de cambiar su domicilio actual.
Por su parte, la Infanta Leonor, hasta el momento segunda en la línea de sucesión al trono, pasará automáticamente a ser considerada Heredera de la Corona desde la proclamación de su padre. Tal y como establece el artículo 57.2 de la Constitución, tendrá la dignidad de Princesa de Asturias y los demás títulos vinculados tradicionalmente al sucesor. Además, cuando cumpla 18 años, tendrá, como hizo su progenitor, que jurar la Constitución en las Cortes.
