Las tres emisoras Radio Taxi, Teletaxi Sevilla y Radio Taxi Giralda deberán pagar una multa de 140.222 euros por una larga lista de irregularidades que incluyen haber elaborado y compartido listas negras de morosos para no volver a darles servicio, haber boicoteado a hoteles que utilizaban taxis ajenos a las emisoras, y por utilizar una tasa ilegal de 3,87 euros por el trayecto recorrido desde que el taxi recibe la llamada hasta que llega hasta el cliente.
El Consejo de Defensa de la Competencia, dependiente de la Junta de Andalucía, tampoco salva al Ayuntamiento: se plantea atenuar la multa porque la fijación ilegal de un precio ajeno a las tasas municipales se hacía "según los usos y costumbres, llevada a cabo sin ocultación y tolerada por la Administración". La misma administración, recuerda, que ni siquiera respondió a dos denuncias sobre estas irregularidades que la organización de consumidores Facua presentó en julio de 2008 y enero de 2009. La investigación, que ha durado año y medio, se inició al ver el Consejo la información publicada en la prensa.
La resolución, a la que ha tenido acceso este periódico, considera probada "la existencia de listas de morosos y la negativa de las tres emisoras imputadas de Sevilla a la prestación de servicios de taxi por llamada". En estas listas negras hay personas que han pedido taxis por teléfono y no han aguardado a su llegada, al margen de si había una razón para hacerlo, como una tardanza excesiva. También están los hoteles cuyos clientes se han marchado, ya que las emisoras adjudicaban al comercio esa deuda, o los que empleaban para trasladar a sus clientes transportes que no pertenecían a las radios, bien otros taxis o vehículos alternativos.
El Consejo dice que, sin valorar cómo las radios tratan de cobrar sus deudas, éstas no pueden crear un fichero personales al margen de la Ley de Protección de Datos, menos aún compartirlo, y de ninguna forma ponerse de acuerdo para no darles servicio. En su investigación, sus inspectores han constatado que se envió a la Asociación de Hoteles una lista con los 34 establecimientos vetados, y que al menos tres hoteles recibieron la visita de los vicepresidentes de dos emisoras que les exigieron que no llamaran a taxis ajenos a las radios.
Los taxistas negaron ayer todos los cargos. Fernando Morales, presidente de la mayoritaria Unión Sevillana del Taxi, alegó que toda la información es "incierta" y dijo que no se les ha dejado defenderse. Achacó la multa a "una Junta de Andalucía que no ha sido capaz de renovar el reglamento del taxi desde 1997 y ahora te sanciona como un inquisidor" y concluyó que si esas multas se cobran "tendremos que cerrar las emisoras y mandar a la gente al paro". Añadió que sus abogados están estudiando qué pasos dar ahora: "Que no piensen que el taxi no se va a mover".
Movilidad anunció una radio pública en 2007. El concejal de Movilidad anunció en 2007, sólo unos meses después de las elecciones, su intención de crear una emisora única y pública para el taxi antes de terminar el mandato, aunque no se ha dado ningún paso en esa línea. Uno de los motivos era frenar picarescas como las presiones para conseguir servicios al aeropuerto, los que más beneficios reportan, o evitar el cobro de tasas irregulares, como la registrada en la resolución del Consejo de Competencia.
Ayer, en cambio, Francisco Fernández se desvinculó al asegurar que el servicio es autónomo y los taxistas pueden decidir si se suman a la emisora o no. La posibilidad de crear una radio pública está apuntada, en todo caso, en el borrador de ordenanzas entregado ayer a las asociaciones, aseguró. Fernández añadió que la capacidad de actuación municipal por infracciones en el sector de taxi es escasa.
Una afirmación negada por Facua, que ayer, pese a congratularse de la resolución de la Junta, lamentó que “el Ayuntamiento no haya hecho nada” hasta ahora a pesar de que esta entidad presentó dos denuncias por estas irregularidades, que el Ayuntamiento nunca contestó.Además, instó al Consistorio a seguir el ejemplo de la Junta, investigar y multar por la tasa ilegal cobrada, que sí es competencia municipal.
