El Gobierno de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid firmó el pasado enero un convenio para la asistencia religiosa en los hospitales públicos que da luz verde a los curas para hacerse oír en los comités de ética en casos de aborto y cuidados paliativos.
Según informó ayer la Cadena SER, el Ejecutivo regional y el obispado de Madrid que dirige el cardenal Rouco Varela acordaron un convenio para la asistencia religiosa en los hospitales públicos que amplía las funciones de los curas. Con este convenio, sacerdotes y capellanes podrán decidir en los hospitales públicos de Madrid sobre los cuidados paliativos que deben recibir los enfermos terminales. Estas competencias son, en estos momentos, exclusivas de los facultativos en los centros públicos.
En el convenio se incluye una cláusula en la que se establece que el servicio de Asistencia Religiosa Católica formará parte del comité de ética y del equipo interdisciplinar de cuidados paliativos. Comités que se encargan de decisiones tan trascendentales como dar o no sedación terminal a un enfermo, practicar un aborto a una mujer violada que no denunció o decidir si se reanima o no a un bebé con malformaciones en la unida de neonatología. El acuerdo fue firmado el pasado dos de enero por el Consejero de Sanidad, Juan José Güemes, y el obispo auxiliar de Madrid, Fidel Herráez Vegas.
Del otro lado. Sin embargo, el Gobierno de Madrid respondió con premura a la información de la SER y matizó la noticia. El consejero de Sanidad de Madrid, Juan José Güemes, negó que nadie ajeno a la asistencia sanitaria pueda tomar decisiones clínicas, sobre todo en lo referido a cuidados paliativos.
Güemes explicó que la firma del convenio no es más que la renovación de un acuerdo que existe desde 1997 y que, en la práctica, la polémica cláusula no tiene efecto porque no hay sacerdotes en ninguno de los consejos éticos de los hospitales de Madrid.
El consejero madrileño subrayó, además, que el convenio "no hace sino recordar lo que es la costumbre y los acuerdos firmados por el gobierno socialista en el año 85". Fuentes del Arzobispado de Madrid corroboraron estos datos y aseguraron que el acuerdo firmado el 2 de enero de 2008 "recoge lo mismo que otro anterior de 1997 y, éste, a su vez, otro que se firmó en 1985 a nivel nacional en la época de Felipe González".
Pese a las explicaciones de Güemes se sucedieron reacciones como la de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública, que aseguró que este convenio "supone retrotraernos a la época más oscura de la dictadura franquista". Por su parte, el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, firmante del acuerdo de 1997, evitó pronunciarse sobre el tema y dijo no conocer el convenio.
