La consejera para la Igualdad y el Bienestar Social, Micaela Navarro, aseguró ayer que con los criterios que rigen actualmente la distribución de fondos entre las regiones para la financiación de la Ley de la Dependencia, y que priman la población potencialmente dependiente por encima de las personas realmente atendidas por el sistema, Andalucía y otras comunidades "perderán este año dinero al desarrollar la Ley".
Según indicó en una entrevista con Europa Press, con los criterios vigentes, que organizan el reparto teniendo en cuenta en un 20% las personas valoradas por el Servicio para la Autonomía y Atención a la Dependencia en cada autonomía y el resto atendiendo a la población, Andalucía "recibiría menos dinero a pesar de la inversión que ha hecho y el crecimiento de la población dependiente atendida, mientras que otras comunidades, que siguen atendiendo prácticamente a las mismas personas, recibirían más fondos".
Es por ello que mañana martes la Junta defenderá en el Consejo Territorial de la Dependencia un cambio en el reparto, por el cual los fondos se distribuyan en un 50% en función de las personas realmente atendidas, iniciativa respaldada por el Parlamento. Andalucía tiene al 30% de las personas que reciben ayuda en España (155.000) y percibe 218 euros por cada uno, frente a los 1.270 de Canarias, los 950 de Madrid o los 868 de Valencia.
