La Audiencia de Madrid ordenó ayer el archivo del caso de las presuntas sedaciones irregulares en el hospital Severo Ochoa de Leganés y retiró cualquier referencia a "mala praxis médica", limpiando así el nombre de los 15 facultativos acusados de forma anónima en 2005 de 400 muertes por eutanasia en las urgencias, denuncia que fue llevada a la Fiscalía por el gobierno presidido por la popular Esperanza Aguirre. El auto viene a estimar el recurso de apelación interpuesto por los doctores Luis Montes -al que en el entorno del consejero de salud, Manuel Lamela, y en algunos medios de comunicación se le llegó a llamar "doctor muerte" de forma tan cruel como injusta- y Miguel Angel López Varas contra el juzgado de instrucción 7 de Madrid, que archivó el caso pero admitió una mala práctica médica en la sedación de varios pacientes, algo que ahora ha quedado literalmente borrado de la sentencia judicial contra la que ya no cabe recurso. Es evidente, a la luz del fallo del magistrado, que el gobierno del PP de Esperanza Aguirre actuó de forma irresponsable, alentando una denuncia anónima que se reveló falsa y que suponía un misil contra la credibilidad y la solvencia del sistema público de salud. Desde entonces, nada ha sido igual. Ha resplandecido la verdad, pero quizá ha llegado demasiado tarde, tras tres años de calvario para los médicos destituidos y, sobre todo, por la quiebra y desconfianza que provocó en los pacientes la operación liderada por quien hoy ocupa la consejería de Infraestructuras en la comunidad de Madrid. El Partido Popular debe una disculpa pública: primero, a los usuarios del sistema público de salud y el hospital Severo Ochoa, a los que perjudicó seriamente la actitud de Lamela. Segundo, a los médicos vejados públicamente, que hoy están en todo su derecho de exigir acciones judiciales contra Aguirre y su gobierno.
