En 20 años de vida ha soportado crisis y tensiones, pero nunca una situación de descrédito como la de ahora. La concertación social, los pactos firmados entre Junta, sindicatos y patronal para reflotar la economía andaluza, pasa por su peor momento. El escándalo de las facturas falsas de UGT-A con cargo a los programas de formación que ha destapado el bochornoso desvío de fondos para comidas de feria y maletines falsificados y la crisis de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), arruinada e investigada por estafa en una promoción de viviendas públicas en Sevilla, han sido la puntilla que ha acabado de sepultar la imagen del diálogo social. La última semana ha sido de traca. El jueves la Guardia Civil registró la sede de UGT-A en Sevilla por orden de la jueza Mercedes Alaya y el viernes un juzgado imputó al líder de la CEA, Santiago Herrero, y a la cúpula patronal por la estafa de las VPO.
La otra parte de la culpa de que la concertación pase por sus horas más bajas la tiene el balance socioeconómico. Los siete acuerdos consecutivos han movilizado unos 128.000 millones (de dinero público y privado) y no han servido para corregir los desequilibrios económicos de la comunidad ni para atajar el altísimo paro (36,4%). Se ha demostrado que la concertación no es la panacea. Con la crisis, la economía andaluza ha caído como un castillo de naipes sin que el diálogo social haya amortiguado el golpe, concluyen los expertos consultados por este periódico.
Ante este panorama la Junta ha paralizado por completo la negociación del próximo acuerdo (el actual expira el 31 de diciembre). No hay reuniones a la vista, ni calendario alguno, entre otras cosas porque no hay interlocutores. El escándalo de UGT-A provocó la dimisión de su secretario general, Francisco Fernández, siete meses después de llegar al cargo. Su relevo se prevé a principios de enero. También la patronal está casi descabezada. Herrero, que acaba de ser imputado, no optará a la reelección en la asamblea del próximo mes. De la foto de la firma del VII Acuerdo solo continúa el secretario general de CCOO-A, Francisco Carbonero. El entonces presidente de la Junta era José Antonio Griñán. El Gobierno andaluz ha abogado por repensar y revisar de arriba abajo el diálogo social a tenor de los escándalos y del balance económico. Los partidos, sobre todo PP e IU, también han disparado muy duro contra la concertación. Los populares denuncian que la Junta ha querido tapar la boca a sindicatos y empresarios repartiéndoles dinero a manos llenas y han pedido la comparecencia de los agentes sociales en el Parlamento. Ante este panorama, para Manuel Alejandro Cardenete, director del Departamento de Economía de la Universidad Loyola Andalucía, la sociedad andaluza no está dispuesta ni va a aceptar que se hable ahora de concertación. Lo mismo opina José María OKean, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Pablo de Olavide. Después de lo que ha ocurrido últimamente, me extrañaría que en todo 2014 hubiera un nuevo acuerdo. Hay que renovar las organizaciones, sostiene.
Cardenete reconoce que siempre ha sido muy crítico con este instrumento, que puso en marcha la Junta en 1993 en plena crisis, y que no ha sido la panacea para resolver ni evitar los problemas económicos de Andalucía. A la postre, insiste, se ha demostrado absolutamente inservible. Lamenta que se haya puesto sobre la mesa mucho dinero que realmente ha servido solo para mantener la paz social. Si la economía iba bien no era por la concertación, sino porque algunos sectores iban creciendo, aclara.
Juan Torres, catedrático de Economía Aplicada y exsecretario general de Universidades, cargo desde donde tuvo un mayor conocimiento de la concertación, asegura que ésta no es en sí misma ni buena ni mala. La considera una idea positiva que se ha gestionado mal porque desde hace muchos años ha consistido en un reparto de dinero con el que cada agente hacía de su capa un sayo. A su juicio era un teatro porque los acuerdos recogían una serie de objetivos y programas pero luego sindicatos y empresarios hacían lo que querían con estos recursos, con lo que se perdía el concepto de política económica global.
Las crisis en UGT-A y la CEA han extendido la sospecha de que la mayor parte de los fondos de la concertación se han gastado mal. Esto obviamente no es así. Lo que se desconoce es la cantidad de dinero que ha ido a parar directamente a sindicatos y empresarios. El presupuesto que mueve la concertación no lo gestionan los agentes sociales, quienes, sin embargo, sí gestionan los cursos de formación. Los escándalos han puesto en entredicho el uso de las cantidades destinadas a fondos de formación pero ese dinero no mana de la concertación, sino del dinero que reparte el Gobierno para la formación continua.
El caso de las facturas falsas de UGT-A la Junta está investigando 17 expedientes de ayudas que suman 7,5 millones ha puesto en evidencia las grietas en el control del gasto del dinero vinculado a la concertación. El propio documento del acuerdo prevé los mecanismos de seguimiento de lo pactado, mecanismos que con los años se han ido ampliando con grupos de trabajo y que vigilan los firmantes. Para Cardenete, ahí está el fallo. Los controles solo estaban en el papel. Además, los vigilantes no pueden vigilarse a sí mismos. Sindicatos y empresarios controlaban su propio paripé, afirma. Pese a ello, rechaza que se pretenda acabar contra todo el movimiento sindical y considera mucho peor lo ocurrido en el seno de la CEA que en UGT-A.
Isidoro Moreno, catedrático de Antropología, aboga por hacer una auditoría real de cada uno de los siete acuerdos de concertación. Según él, es escandaloso que ninguno de sus resultados se hayan analizado. Se muestra muy crítico con el diálogo social, que considera una tomadura de pelo que solo ha servido como alianza entre el poder político, sindical y empresarial, pero que poco tiene que ver con los intereses reales de los andaluces. Moreno asegura que las informaciones vergonzosas que se están publicando en los medios es una realidad a voces que todo el mundo sabía.
visión estratégica // En estos 20 años Andalucía no ha conseguido superar el atraso secular, continúa en el vagón de cola de las comunidades españolas en términos de renta y a la cabeza del paro nacional, todo ello pese a contar con una financiación europea extraordinaria que no se volverá a repetir. Los expertos están convencidos de que la concertación ha fallado porque no ha logrado dar la vuelta a los malos datos económicos, pero OKean advierte de que el diálogo social no es ni el causante ni el culpable del crecimiento económico de Andalucía o del nivel de paro y renta. La concertación ha servido para eliminar una tensión social pero no ha sido estratégica; no puede en sí misma reforzar el tejido productivo andaluz, explica.
Mucho ha llovido desde que en 1993 Manuel Chaves firmara el primer acuerdo con Manuel Otero Luna, Cándido Méndez y Julio Ruiz. En estas dos décadas el pacto tripartito ha sido una parte clave de la agenda política hasta constituirse en un mandato estatutario. Ahora pocos quieren hablar o escuchar hablar de la concertación. En el aire está si se ha llegado al fin de un ciclo.
