Los concesionarios están que trinan. Tras varios meses de euforia de venta de coches gracias en buena parte al estímulo de las subvenciones del Plan 2000E, el mismo sistema de ayudas estatales se ha vuelto contra ellos en lo que califican como "un absoluto despropósito". La culpable, la tecnología; la responsable -dicen-, la Administración pública, la cual ahora adeuda 13,9 millones de euros a las pymes que adelantaron el dinero previsto para las ayudas oficiales y que no reconoció un sistema informático deficiente gestionado por el Ministerio de Industria.
La empresa sevillana Ferri-Móvil es un ejemplo paradigmático de la situación que vive el sector automovilístico, cuyos entresijos explicó a este periódico su gerente, Juan José Fernández.
Así, el problema enraíza en la última prórroga del plan de ayudas a la adquisición de vehículos, aprobada el 8 de enero por el Gobierno y con el apoyo de las comunidades autónomas. A partir de esa fecha hubo una escalada en la venta de coches y durante tres meses los concesionarios fueron adelantando de sus propias cuentas el dinero de la ayuda por cada coche expedido, "ya que nos veíamos obligados a hacerlo por ley", expresa Fernández. No obstante, el programa informático para el registro de las ayudas comenzó a funcionar el 25 de marzo.
Es entonces cuando los trabajadores, incluidos vendedores, mecánicos y prácticamente todo el personal de los concesionarios, según indican algunas de las sucursales consultadas, comenzaron a trabajar a destajo, "incluso de madrugada", para insertar dato a dato todas las operaciones de venta que se habían acumulado encima de la mesa. "Comenzó el estrés; nadie suponía que esto iba a ser una carrera", comenta Ana Alvarado, la administrativa de Caysa Móvil. Y lógicamente el sistema se colapsó.
Por esa fecha ya se había llegado al prorrateo del 70% del presupuesto pactado en la Junta de Andalucía (el 30% restante se concedía a las empresas según el volumen de ventas registrado en el sistema), algo que los concesionarios no habían previsto. Como consecuencia de ello, numerosas operaciones se quedaron fuera. Es el caso de Ferri-Móvil, que de 400 coches vendidos con las subvenciones concedidas íntegramente por parte la empresa sevillana, sólo se pudieron registrar seis.
"Conseguimos meter los datos a cargo de la Administración central, pero la Junta nos cerró la ventanilla en las narices, tres días después de abrirse el programa", exclama Juan José, quien asegura que Fitsa, la empresa que gestionó el sistema informático, les dijo que "no había prisa".
Ante esta situación, la Federación de Asociaciones de Concesionarios de la Automoción Faconauto ha mostrado esta semana su indignación por una deuda que el Ministerio no reconoce. Además de ello, las comunidades autónomas también deben otros 44,4 millones de euros por operaciones en tramitación, fruto de la falta de recursos, según indica la patronal.
Por ello, un amplio grupo de pymes acordó el pasado miércoles coordinar las reclamaciones que se están llevando a cabo desde los distintos concesionarios. En dicha reunión decidieron elevar el tema a los tribunales, demanda que "ya está en marcha", asegura el responsable de Ferri-Móvil, si bien "mientras tanto, seguiremos luchando por que se nos atienda desde la Junta; pedimos por favor que no nos den la espalda, para que no haya que llegar a los tribunales y solucionarlo dentro de dos o tres años".
En lo que respecta a la decisión de algunos concesionarios de requerir la devolución de las ayudas concedidas a los clientes, Juan José Fernández estima que "legalmente se podría hacer ya que los concesionarios somos meros intermediarios de las subvenciones y no debemos pagar el pato, pero en concreto, nosotros, como empresa de servicios, no podemos cargar la culpa sobre los clientes".
En definitiva, el sector del automóvil se ve envuelto en una deblace, alimentada ahora por una inminente subida del IVA, que hará perder 10.000 puestos de trabajo en España, según el sector. Ferri-Móvil prevé despedir a la mitad de la plantilla.
