La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 1 de Corcubión (La Coruña) ha concluido el procedimiento abreviado del caso 'Prestige', cuya instrucción comenzó en noviembre de 2002, por lo que se inicia ahora la fase procesal donde las partes personadas presentan sus escritos de calificación para celebrar el juicio oral.
En el auto dictado, recogido por Europa Press, la jueza mantiene la imputación del capitán del barco, Apostolos Mangouras; del jefe de máquinas, Argyropoulos Nikolaos; y del primer oficial, Ireneo Maloto; por delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente y desobediencia.
Sin embargo, retira de forma provisional la imputación del entonces director general de la Marina Mercante, José Luis López-Sors González, en esta causa. "A la vista de las diligencias de instrucción practicadas, puede decirse que los indicios criminales respecto a la decisión adoptada por el señor López Sors de alejamiento del buque han sido desvirtuados", señala el auto.
"Si bien es cierto que en la conversación que mantiene el día 13 con Pedro Sánchez, jefe del Centro Nacional de Coordinación de Salvamento, podría deducirse que se pretende un alejamiento del barco con el fin de que se hunda, y que el inspector marítimo declaró que a él solo se le encomendó arrancar la máquina del barco pero no analizar sus daños, también es cierto que su presencia en el barco permitió conocer más datos sobre la situación del mismo que, conjuntamente con otros de los que ya se disponía, y con diversas consultas realizadas la mañana de 14 permitieron tomar una decisión adecuada al problema planteado", explica el documento judicial.
Así, la jueza señala que "consta claramente" que "López-Sors recabó información sobre la situación del buque y las opciones posibles desde el primer momento" y, a la vista de la misma, "tomó la decisión de alejar el buque, puesto que las autoridades de un Estado no están obligadas a autorizar necesariamente el acceso a un puerto de refugio, y así resulta del examen de la normativa nacional e internacional", justifica. "Hacerlo sin que la empresa salvadora presente un plan adecuado, sí sería una temeridad, añade.
En este sentido, con respecto a la decisión de alejar el buque, adoptada por López-Sors, la jueza concluye que "parece deducirse que la información que manejó la Administración española sobre los daños del buque era la correcta". "Siéndolo no cabía otra opción que denegar el acceso a puerto", dice y precisa que "a tal decisión no se formuló objeción alguna por parte de las cofradías o corporaciones municipales eventualmente afectadas".
Por su parte, con respecto a la decisión cuestionada sobre la elección del rumbo para alejar el barco de la costa, la instrucción judicial destaca que "el rumbo 330º que inicialmente marcó la Administración española para alejar el barco de la costa parece acertada, teniendo en cuenta que se trataba de alejarlo de la costa, lo que imponía un rumbo Oeste".
"El rumbo que inicialmente acuerda la Administración española tiene relación directa con el hecho de que sólo pudo tomarse el remolque por proa, ante la imposibilidad de hacerlo por la popa y, por tanto, era el único rumbo posible para proteger la estructura dañada", destaca.
Al respecto, puntualiza que el acierto o no en el rumbo elegido desde ese momento "no puede imputarse a López-Sors", sino que desde las 2.00 horas de la madrugada del día 15 "lo decidió el personal de 'Smit Salvage', que únicamente tenía como límite respetar la distancia de alejamiento impuesta por las autoridades españolas".
