El Pleno Extraordinario celebrado ayer en el Congreso y dedicado de forma monográfica a la crisis no arrojó ayer demasiadas novedades reseñables. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero no concretó cuánto subirán los impuestos ni quiénes serán los afectados. El presidente del PP, Mariano Rajoy, tampoco aportó ninguna alternativa o propuesta de su partido para atajar la crisis económica. Tan sólo se limitó, como novedad, a ofrecer un pacto para revisar con el Gobierno un posible recorte del gasto público sin decir de dónde podría ahorrarse ese dinero. La jornada transcurrió, por tanto, entre los intentos de Zapatero de subrayar el principio del fin de la desaceleración económica y los de Rajoy -acompañado por el resto de fuerzas políticas del arco parlamentario- de criticar con dureza la gestión de la crisis por parte del Gobierno. Es cierto que ha mejorado la confianza de los consumidores, que se ha reactivado la venta de automóviles; el consumo de energía aumenta y el paro crece a menor ritmo. Pero de todos esos indicadores no puede deducirse el final de la crisis, menos aún en España, donde el propio Zapatero reconoció ayer la dependencia de la construcción residencial, que lastra el crecimiento español respecto a la zona euro. La actitud del PP, sin embargo, no es la más adecuada para un partido que opta a gobernar. Rajoy se limitó ayer a criticar a Zapatero sin ofrecer propuestas -que tampoco se aplican en las comunidades donde gobiernan-. La actual coyuntura exige que el presidente pase de las palabras a los hechos y empiece a concretar cómo se obtendrán esos 15.000 millones extra vía impuestos. Zapatero también debe explicar a los españoles en qué consiste la Ley de Economía Sostenible de la que se conoce el continente, pero no el contenido. El PP, por su parte, hace bien en confrontar, pero sabiendo que hay cuestiones de Estado en las que es preciso pactar con el Gobierno.