El constructor granadino José Ávila Rojas ha sido condenado a ocho años de cárcel y a pagar una multa de unos diez millones de euros por defraudar a la Hacienda Pública en operaciones de compraventa de dos fincas en Marbella (Málaga).
La sentencia impone al empresario dos años de cárcel por cada uno de los cuatro delitos de consumados de defraudación a la Hacienda Pública por los que ha sido condenado, si bien el máximo de cumplimiento efectivo de estas penas será de seis años (el triple de la mayor), informe Efe.
El constructor deberá indemnizar al erario público con 5 millones en concepto de responsabilidad civil y perderá la posibilidad de obtener subvenciones y el derecho de gozar de beneficios o incentivos de la Seguridad Social durante cuatro años.
La Sección Primera señala que, aunque la tesis de la defensa giró en torno a negar la cualidad de empresario de Ávila Rojas respecto de las dos compraventas efectuadas en 2001 y 2002 -que estaban sujetas a IVA e IRPF- "no existe duda alguna" de que se cometió delito al haber eludido el pago de estos impuestos.
El tribunal indica que, pese a "todo el esfuerzo defensivo en negar el carácter de empresario del acusado en esas operaciones" para negar su sometimiento al IVA, no tiene duda de que actuó como profesional dedicado a la promoción inmobiliaria, que ejerce su actividad "de manera pública y notoria".
Considera que el constructor granadino ha pretendido "justificar" en sus declaraciones que no estaba sujeto a dicho impuesto al ser una persona física, que no leyó lo que firmó, que no se enteró de que le pagaron el IVA, ni que sabía lo "que había ganado o perdido".
La Audiencia insiste a pesar de esto en que se trata de un empresario "con un volumen de negocio importante", que no puede ignorar, por tanto, el aspecto fiscal de su gestión y que además cuenta con asesores fiscales.
La Audiencia absuelve a Ávila Rojas del delito de apropiación indebida que provisionalmente le imputaba la acusación particular.
