La Audiencia de Sevilla ha confirmado definitivamente la condena de siete años de inhabilitación impuesta a Virtudes Cabello (PSOE), exalcaldesa de Algámitas (Sevilla), por dar licencia a cuatro chalés pese a "conocer incluso con detalle" que se trataba de una obra ilegal. La Sección Cuarta de la Audiencia, en una sentencia a la que ha tenido acceso Efe, confirma la pena impuesta por el juzgado penal 2 de Sevilla por la licencia concedida en 2005 para cuatro viviendas en suelo no urbanizable en la zona conocida como Las Hazuelas, pese al criterio en contra de los técnicos municipales. Dice la Audiencia que los alegatos de la acusada "son de tal endeblez que perecen por sí mismos con solo examinar la licencia otorgada", en la que "se refleja que las cuatro viviendas han sido construidas sin licencia, que el suelo no es urbanizable pues para ello será preciso que se modifique el PGOU, que obviamente no existe tampoco parcelación y que el informe de la arquitecta municipal es contrario a lo solicitado". La entonces alcaldesa "no solo no suspendió las obras ni inició procedimiento sancionador o de reposición de la realidad física alterada" sino que "otorga una extraña licencia provisional de obras, a fin de normalizar la situación" que tuvo la consecuencia de "aparente legalización", según la Audiencia. De este modo, no solo el acto de la acusada atentó "gravemente" contra la legalidad sino que se hizo acreedor de "todos y cada uno de los calificativos que nuestra jurisprudencia viene exigiendo del acto administrativo prevaricador", añade la sentencia, que no es recurrible. Según los magistrados, "solo desde una generosa interpretación del derecho de defensa puede entenderse el alegato de que la acusada no era consciente de infringir norma alguna y que en todo caso se trataría de meras irregularidades administrativas", pues de lo analizado en la causa "se desprende netamente que conocía incluso con detalle que se trataba de terreno en el que no podía concederse licencia alguna para la construcción y legalización" de las cuatro viviendas. En su defensa, la exalcaldesa declaró en el juicio que cuando ella llegó al Ayuntamiento en 2003 el proyecto ya estaba iniciado y que dio la licencia porque los técnicos le dijeron que "era un proyecto de interés turístico". Sin embargo, el secretario municipal afirmó al juez que era un proyecto "urbanístico puro y duro". La condena de siete años de inhabilitación para empleo o cargo público por un delito de prevaricación urbanística y multa de 2.160 euros es ligeramente inferior a los ocho años y multa de 6.480 euros que pidió el fiscal en el juicio.
