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Condenado a seis meses de cárcel por construir cinco viviendas con piscinas en un olivar de Arahal

el 23 oct 2010 / 09:18 h.

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El Juzgado de lo Penal número 3 de Sevilla ha condenado a seis  meses de prisión y al pago de una multa de 1.440 euros a un vecino de  la localidad de Arahal por construir en un olivar un total de cinco  viviendas, dos de ellas con piscina, todo ello sin solicitar  previamente la licencia municipal al saber que "le sería denegada".  

Según recoge la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press,  el acusado --J.P.S.-- adquirió en marzo de 2006 una porción de 11.000  metros cuadrados dentro de una parcela ubicada dentro del paraje La  Molinilla, una parcela que está calificada como suelo no urbanizable  de especial protección agrícola, dentro del cual "está prohibida  cualquier construcción que no esté vinculada al uso agropecuario del  suelo".  

En este sentido, añade que el carácter rústico del suelo, en este  caso un olivar de regadío, "implica la existencia de una superficie  mínima de cultivo de 2.500 metros cuadrados, por debajo de la cual  está prohibida la segregación, siendo contraria al destino del suelo  cualquier edificación que se lleve a cabo".  

De este modo, asevera que el procesado "era conocedor de que no  podía construir en la finca, y que la licencia le sería denegada",  motivo por el cual "no la solicitó" y procedió a dividir la finca en  diez subparcelas, de entre 100 y 1.100 metros cuadrados, con sus  piscinas y cuartos de depuradora".  

Así, en octubre de 2006 "tenía recién finalizadas" dos viviendas  con sus piscinas, y en proceso de construcción las tres restantes,  parcelas todas ellas que fueron vendidas, "encargándose el imputado  de la construcción en todas ellas", al tiempo que señala que, "dada  la ilegalidad de las obras", el Ayuntamiento incoó expediente  sancionador en enero de 2007 en el que se le obligaba a paralizar las  obras y reponer el suelo a su estado original.   

El Juzgado condena al acusado a seis meses de prisión y el pago de  una multa de 1.440 euros por un delito contra la ordenación del  territorio, acordando además la demolición de lo construido en el  caso de que el procesado "no acredite en el plazo de seis meses que  el suelo ha sido recalificado a urbanizable".  

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