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Condenado por aterrar un arroyo, construir un puente y ocupar 400 metros en Montellano

el 01 mar 2011 / 16:52 h.

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La Audiencia Provincial de Sevilla ha condenado a dos años de  prisión y al pago de una multa de 28.800 euros a un ingeniero de  caminos, canales y puertos por destruir 400 metros del cauce del  arroyo 'Las Cañas' y construir un puente para vehículos en su finca  de la localidad sevillana de Montellano, obligándole además a  indemnizar con 158.306 euros a la Consejería de Medio Ambiente de la  Junta de Andalucía para restaurar el ecosistema dañado.  

La sentencia de la Sección Séptima de la Audiencia Provincial, a  la que ha tenido acceso Europa Press, considera probado que el  acusado, identificado como C.F.R. y que llegó a desempeñar servicios  en la Junta, presentó el 3 de abril de 2000 ante la Confederación  Hidrográfica del Guadalquivir un proyecto de obras en una finca de la  localidad, solicitud realizada en nombre de la sociedad agraria 'Las  Cañas' en la que "expresamente se reflejaba que 'por el carácter de  urgencia las obras ya habían sido realizadas'".  

Pues bien, el fallo añade que, al afectar la solicitud al cauce de  un arroyo de dominio público que transcurre parcialmente por la  finca, la concesión fue denegada y, paralelamente, la CHG incoó el 27  de marzo de 2001 expediente sancionador contra la sociedad 'Las  Cañas', de la que es socio el procesado. Posteriormente, "y sin  disponer de licencia de obras ni los preceptivos informes  ambientales", el imputado llevó a cabo a partir de septiembre de 2004  trabajos de construcción "invasivas" sobre el cauce.  

Estos trabajos consistieron en la ejecución en el margen derecho  del embalse ya existente de un aliviadero de hormigón para conducir  las aguas; la construcción sobre el cauce del arroyo de otro  aliviadero o paso de agua con un puente para el paso de vehículos, y  en movimientos de tierra para igualar el cauce del arroyo, hechos que  motivaron que el Ayuntamiento de Montellano tramitara hasta cuatro  expedientes de disciplina urbanística.  

PERJUICIO "REAL, CONCRETO Y RELEVANTE" EN EL ECOSISTEMA DEL CAUCE

"Desatendiendo los varios requerimientos expresos" hechos por el  Ayuntamiento para que suspendiera las obras y los apercibimientos de  ilegalidad de las obras iniciadas realizados por el Seprona y la  Policía Local, el procesado continuó acometiéndolas, de manera que en  enero de 2005 se constató que habían desaparecido unos 400 metros del  cauce del arroyo, con simultánea destrucción de la vegetación y de  cualquier elemento natural que en él hubiera, "llegando a laborar la  tierra apropiada". Con ese mismo fin, limpió, desbrozó y quemó parte  de la zona de protección del referido cauce, que desapareció  "totalmente" en la longitud expresada.  

La sentencia añade que la finca está calificada de no urbanizable,  mientras que el arroyo ha sido propuesto como Lugar de Importancia  Comunitaria y es parte del hábitat de una especie declarada en  peligro de extinción. "El tribunal no tiene duda de ese grave riesgo  contra el equilibrio natural, porque se produjo un perjuicio real,  concreto y relevante en el ecosistema natural del cauce", apunta.   

De igual modo, y respecto a la insolvencia del acusado dictada por  el juez instructor, la Audiencia Provincial lo rechaza argumentando  que "por su titulación y sus actividades profesionales es  razonablemente presumible que dispone de un patrimonio y unos  ingresos suficientes a tal efecto", pues "a mayor efecto es  copropietario junto con sus hermanos de la finca sobre la que  sociedad desplegaba su actividad".  

Por todo ello, condena al acusado a una pena de dos años de  prisión, el pago de una multa de 28.800 euros y a la inhabilitación  especial para la profesión de agricultor por tiempo de un año por un  delito contra la ordenación del territorio en concurso con otro  delito contra el medio ambiente. 

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