La sentencia las condena a seis meses de cárcel por instalar una casa prefabricada, de 25 metros cuadrados, en una finca, en concreto en el paraje de Cortijos de Claverot, que tiene la consideración de suelo no urbanizable y donde ya hace unos meses se produjo uno de los primeros derribos de viviendas ilegales en el término municipal.
Los condenados están además obligados a la demolición, o en su caso, al desmantelamiento, de la cabaña de madera, así como de la plancha de hormigón sobre la que se apoya la misma y su porche. Se trata de dos personas cuyas iniciales son M.A.O y S.C., que también deberán pagar una multa de 2.160 euros, además de estar condenados a inhabilitación especial para el ejercicio de actividades relacionadas con la promoción y construcción de edificaciones durante seis meses por ser autores de un delito contra la ordenación del territorio.
Lo novedoso de este caso es que la Fiscalía de Sevilla vuelve a ampliar el concepto de edificación al considerar vivienda ilegal una cabaña de madera.
El equipo de gobierno (PSOE) aprovechó ayer el conocimiento de esta sentencia para advertir de que continuará en su lucha contra las viviendas ilegales y asegura que actuará con "mano dura".
En anteriores ocasiones, ya derribó viviendas ilegales en urbanizaciones, tanto en ésta, como en La Calerilla, La Ruana y Valdecabra. También fue demolida una construcción ilegal de carácter industrial en Palmete. De hecho ya son más de 30 las viviendas ilegales en suelo rústico que deberán derribarse. Todas carecen de licencia de obras y están ubicadas en suelo no urbanizable.
Ninguna vivienda ilegal tiene cabida en el PGOU
El caso más habitual en la ciudad son las viviendas ilegales que abundan en la carretera de Utrera, un fenómeno que según el propio Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra prolifera por todas las poblaciones del entorno.
El problema es que en muchas de estas parcelas existen chalés de forma totalmente ilegal, según apuntó el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra. Su objetivo es “erradicar este fenómeno, que cada vez prolifera más”, según el PSOE. Ninguna de estas construcciones pude legalizarse por ser incompatibles con el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), por lo que a todas les queda el mismo fin: la demolición.
