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Condenados a cuatro años un padre y su hijo por cobrar 148.000 euros por aparcamientos 'fantasma'

Se trata de cinco aparcamientos que finalmente no se construyeron en la calle Genaro Parladé.

el 21 jul 2013 / 19:16 h.

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El Tribunal Supremo (TS) ha confirmado la condena de cuatro años  de cárcel impuesta a un padre y a su hijo por cobrar 148.000 euros a  cambio de cinco aparcamientos que finalmente no se construyeron en la  calle Genaro Parladé de la capital hispalense, concretamente en el  barrio del Porvenir. En la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, la Sala  de lo Penal del Supremo inadmite a trámite el recurso interpuesto por  ambos acusados contra el fallo de la Sección Primera de la Audiencia  Provincial de Sevilla que los condenó a cuatro años de cárcel por dos  delitos de estafa y a abonar, en concepto de responsabilidad civil,  148.000 euros a los compradores. Durante el juicio por estos hechos, el abogado de la acusación  particular, Julián Rabadán, solicitó para cada acusado 16 años de  prisión por dos delitos de estafa, mientras que la Fiscalía retiró  los cargos contra el hijo y sólo acusó al padre, para que el pidió  tres años, y su defensa pidió la libre absolución. Los imputados, "de común acuerdo" vendieron en junio de 2007 a una  de las afectadas cuatro plazas de garaje en la calle Genaro Parladé  por un importe de 138.000 euros, de los que la mujer abonó en ese  momento 118.400 euros, quedando el resto aplazado para cuando se  firmara la escritura pública. En una "operación idéntica", los procesados vendieron a otro  afectado una plaza de aparcamiento por importe de 35.000 euros, de  los que la víctima abonó en el momento de la firma un total de 29.600  euros, añade la Audiencia, que señala que en ambos contratos privados  "se hacía constar que la sociedad vendedora era titular en pleno  dominio" de dichas plazas de garaje, que se encontraban libre de toda  carga o gravamen. "SIMULARON QUE LA DOCUMENTACION ESTABA EN ORDEN". Asimismo, se estipuló que, en el momento de la escritura, la  construcción de los aparcamientos contaría con todos los permisos y  autorizaciones de las distintas entidades municipales, autonómicas y  estatales para dar el uso de plazas de garaje, de manera que si el 15  de septiembre de 2007 no estaban terminadas de construir se  devolvería el dinero entregado con el tres por ciento de  penalización. Los acusados, "a sabiendas de la gran demanda" de aparcamientos  existente en la zona, "anunciaron y efectuaron la venta" de los  aparcamientos, "los cuales no estaban aún construidos ni recogidos  como tales en la división horizontal del inmueble", mientras que  "manifestaron a los compradores que la sociedad tenía una gran  experiencia en la construcción y venta" de plazas de garaje, según el  fallo consultado por Europa Press. De este modo, los imputados "simularon que toda la documentación  estaba en orden", cuando "la realidad era que no disponían de la  preceptiva licencia de obra" ante la Gerencia de Urbanismo y que en  el seno de la comunidad de propietarios "existía cierta oposición a  la ejecución" de las plazas de garaje. De hecho, Urbanismo llegó a  paralizar las obras, llegando a denegar la licencia en febrero de  2009. LA FINCA, HIPOTECADA. Así, los acusados "ocultaron" a los compradores que la finca  "estaba gravada" con una hipoteca, señala la Audiencia, agregando  que, "como quiera que en abril de 2008 no había vestigios de la  efectiva construcción" de los aparcamientos vendidos, y "ante las  alarmantes noticias que habían circulado por la zona", los afectados  contactaron con los procesados para que procedieran a la devolución  de las cantidades anticipadas. No obstante, ello "les fue negado", por lo que ambos compradores  tuvieron que presentar demandas ordinarias en la vía civil para  interesar la resolución de los contratos. Los afectados, finalmente,  "no han podido entrar en posesión de los garajes ni han obtenido  devolución de cantidad alguna", indica la Audiencia. Los acusados recurrieron señalando que la finca matriz estaba  inscrita en el Registro de la Propiedad y éste es de acceso público  para cualquier persona interesada, a lo que se suma que uno de los  acusados "entregó nota simple a los compradores y les informó,  verbalmente, de la situación hipotecaria de la finca". "LA EXISTENCIA DE ENGAÑO ES PATENTE". Asimismo, alegaron que "no simularon absolutamente nada" y que "no  existió engaño alguno", sino que "lo único que quedó patente fue la  desidia de los compradores que no atendieron a la situación de la  carga de la finca, que estaba perfectamente reflejada". Además, "no  existió beneficio alguno". El Supremo asevera que "el hecho de que el Registro de la  Propiedad sea de acceso público y que, efectivamente, en sus  registros se recogiese la constitución de la hipoteca que pesaba  sobre las fincas, no elimina la responsabilidad penal, en el sentido  de haber ocultado al comprador la existencia del gravamen". "La existencia de engaño es patente y determinante, además, del  error y del perjuicio patrimonial sufrido por los compradores",  concluye el Supremo.

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