La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla ha condenado a cuatro años de cárcel a un padre y a su hijo por cobrar 148.000 euros a cambio de cinco aparcamientos que finalmente no se construyeron en la calle Genaro Parladé de la capital hispalense, concretamente en el barrio del Porvenir.
El juicio por estos hechos se celebró el pasado día 14 de noviembre, y en el mismo el abogado de la acusación particular, Julián Rabadán, solicitó para cada acusado 16 años de prisión por dos delitos de estafa, mientras que la Fiscalía retiró los cargos contra el hijo y sólo acusó al padre, para que el pidió tres años, y su defensa pidió la libre absolución.
En la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, la Sección Primera considera probado que los acusados, J.J.C. y J.A.C., "de común acuerdo" vendieron en junio de 2007 a una de las afectadas cuatro plazas de garaje en la calle Genaro Parladé por un importe de 138.000 euros, de los que la mujer abonó en ese momento 118.400 euros, quedando el resto aplazado para cuando se firmara la escritura pública.
En una "operación idéntica", los procesados vendieron a otro afectado una plaza de aparcamiento por importe de 35.000 euros, de los que la víctima abonó en el momento de la firma un total de 29.600 euros, añade la Audiencia, que señala que en ambos contratos privados "se hacía constar que la sociedad vendedora era titular en pleno dominio" de dichas plazas de garaje, que se encontraban libre de toda carga o gravamen.
"SIMULARON QUE LA DOCUMENTACIÓN ESTABA EN ORDEN"
Asimismo, se estipuló que, en el momento de la escritura, la construcción de los aparcamientos contaría con todos los permisos y autorizaciones de las distintas entidades municipales, autonómicas y estatales para dar el uso de plazas de garaje, de manera que si el 15 de septiembre de 2007 no estaban terminadas de construir se devolvería el dinero entregado con el tres por ciento de penalización.
Los acusados, "a sabiendas de la gran demanda" de aparcamientos existente en la zona, "anunciaron y efectuaron la venta" de los aparcamientos, "los cuales no estaban aún construidos ni recogidos como tales en la división horizontal del inmueble", mientras que "manifestaron a los compradores que la sociedad tenía una gran experiencia en la construcción y venta" de plazas de garaje, según el fallo consultado por Europa Press.
De este modo, los imputados "simularon que toda la documentación estaba en orden", cuando "la realidad era que no disponían de la preceptiva licencia de obra" ante la Gerencia de Urbanismo y que en el seno de la comunidad de propietarios "existía cierta oposición a la ejecución" de las plazas de garaje. De hecho, Urbanismo llegó a paralizar las obras, llegando a denegar la licencia en febrero de 2009.
LA FINCA, HIPOTECADA
Así, los acusados "ocultaron" a los compradores que la finca "estaba gravada" con una hipoteca, señala la Audiencia, agregando que, "como quiera que en abril de 2008 no había vestigios de la efectiva construcción" de los aparcamientos vendidos, y "ante las alarmantes noticias que habían circulado por la zona", los afectados contactaron con los procesados para que procedieran a la devolución de las cantidades anticipadas.
No obstante, ello "les fue negado", por lo que ambos compradores tuvieron que presentar demandas ordinarias en la vía civil para interesar la resolución de los contratos. Los afectados, finalmente, "no han podido entrar en posesión de los garajes ni han obtenido devolución de cantidad alguna", indica la Audiencia.
Según la Audiencia, los hechos son constitutivos de dos delitos de estafa, ya que "ha quedado acreditado que los acusados vendieron diversas plazas de garaje a los denunciantes haciéndoles creer que el inmueble estaba libre de cargas y gravámenes, cuando ello no era así", ya que sobre el mismo pesaba una hipoteca. "No informaron de los gravámenes y lo hicieron consciente e intencionadamente", asevera.
GRAVES PERJUICIOS A LOS AFECTADOS
Además, "ocultaron arteramente" que la finca no contaba con los permisos correspondientes para acometer las obras precisas para el disfrute de los aparcamientos, de manera que la conducta de los procesados "produjo unos perjuicios a los defraudados y un consecuente beneficio para los acusados".
Todo ello "ha quedado acreditado sin margen de duda", dice la Audiencia, quien concluye que los hechos "quedan corroborados por las propias declaraciones de los acusados y de los testigos, de las que se concluye la realidad de los contratos, su contenido, su falta de cumplimiento, la existencia de la hipoteca, su final adjudicación al banco, y cómo todo ello condujo a que los compradores perdieran las elevadas cantidades entregadas".
Cree demostrado el delito de estafa "por la puesta en escena que efectuaron los acusados para dar apariencia de solvencia, exhibiendo, sin en realidad enseñar y de manera apabullante, unos papeles que afirmaban ellos que se correspondía con toda la documentación en regla de los aparcamientos, asegurándoles que todo era correcto y que poseían los permisos de la comunidad, afeándoles la petición de aval o de cualquier objeción que les hicieron".
Por todo ello, la Audiencia condena a ambos acusados a cuatro años de cárcel por dos delitos de estafa y a abonar, en concepto de responsabilidad civil, 148.000 euros a los compradores.
