Tres militares y dos empresarios han sido condenados por defraudar casi 300.000 euros de las partidas económicas que recibían del Ministerio de Defensa para la compra de alimentos para la residencia de estudiantes San Hermenegildo. Los condenados recibieron también regalos como jamones, gambas y otros manjares de parte de las empresas suministradoras de este centro universitarios. Otro tres militares, entre ellos el coronel que ejercía de administrador, ha quedado absuelto ante la falta de pruebas que los impliquen en el fraude. Las condenas, impuestas por el Juzgado Togado Militar Central 2 van desde los dos años y tres meses y dos años y medio de cárcel en el caso de los militares, y de un año y nueve meses de cárcel para los dos propietarios de las empresas suministradoras de alimentos. A todos ellos, el tribunal les ha impuesto el pago de una indemnización de unos 90.000 euros, pese a que el fraude había sido cifrado en 299.602 euros por el Ministerio. El juicio se celebró el pasado mes de diciembre en Madrid, durando más de 15 días en los que desfilaron más de 30 testigos y peritos. En el banquillo se sentaron ocho acusados, cinco de ellos militares y dos empresarios, que se enfrentaban a penas de hasta 21 años de cárcel por delitos de fraude, falsedad y contra la Hacienda Pública. Finalmente, un coronel, un comandante y un capitán de Sevilla han resultado absueltos. El abogado del coronel José Maestre, Fernando Osuna, se mostró ayer muy satisfecho con esta sentencia porque «mi cliente es completamente inocente y ha sufrido mucho durante todo este proceso, al igual que su familia». Osuna explicó que Maestre, de 70 años, estaba ya en reserva cuando aceptó el cargo de administrador en la residencia. «Es una persona muy querida por todos, hasta el punto de que los estudiantes le conocían como San José, lo que ocurrió se hizo a sus espaldas», aseguró Osuna. Su letrado añadió que lo más complicado ahora es «recuperar su imagen que se ha visto dañada tras una larga carrera, que comenzó como soldado raso». Los hechos juzgados hace dos meses ocurrieron entre 2005 y 2009, y se descubrieron a raíz de la investigación abierta a raíz de las quejas de los estudiantes, ante la mala calidad de la comida y la escasez de la misma. Los residentes llegaron a iniciar protestas por esta reducción de alimentos en el comedor, que incluso ocasionó alguna expulsión, lo que hizo que los padres de algunos de estos jóvenes decidieran poner en conocimiento del Cuartel General del Ejército estos hechos. Se inició entonces una investigación que destapó lo que el juez denominó en su auto de procesamiento «una trama defraudatoria». Las pesquisas se abrieron en primer lugar por parte del Ministerio de Defensa con el objetivo de aclarar lo ocurrido y depurar responsabilidades. En un primer lugar se ordenó la «suspensión cautelar» de las funciones del coronel que en ese momento dirigía el centro universitario, que fue relevado por otro mando del mismo rango. Según informó en su momento el propio Ministerio, el primer día que tomó posesión, él mismo «bajó a almorzar a la par que los alumnos» para comprobar la situación del comedor. Así, constató la veracidad de los comentarios realizados por los estudiantes, y decidió investigar y profundizar en este asunto. Entre sus gestiones, contactó con personal ajeno al que se encargaba de la provisión de alimentos, al que encargó que revisase documentación relativa a estas tareas. Así fue como se detectaron una serie de «irregularidades» en las cuentas que motivaron la apertura de un expediente para dar traslado de las mismas al Cuartel General del Ejército, así como la «suspensión cautelar» de las personas supuestamente implicadas en las mismas. Defensa confirmó entonces que los autores de esta investigación constataron una serie de «engaños» en las facturas que remitían a esta institución, un fraude que se mantuvo durante varios años por responsables militares. Ellos mismos alteraban los albaranes para «justificar en ellos compras de alimentos que realmente no habían adquirido», y adquirir comida que luego no llegaban a poner a disposición de los alumnos, a quienes les «rebajaban» las dosis de sus raciones diarias. Incluso, los militares procesados, recibieron por parte de las empresas proveedoras de alimentos bienes como jamones, botellas de whisky y ron, gambas, cañas de lomo, lotes de Navidad y langostinos. En total, casi 31.000 euros en este tipo de productos. La apertura este expediente abierto por Defensa propició la investigación judicial que ha desembocó en el procesamiento de seis miembros del Ejército y de dos empresarios de las entidades suministradoras de alimentos. La sentencia que absuelve a tres de los militares procesados puede ser recurrida aún ante el Tribunal Supremo.
