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Condenan a Cañamero y a Sánchez Gordillo a pagar 150 euros por los disturbios frente a la Casa Rosa

el 18 ene 2011 / 13:17 h.

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El Juzgado de Instrucción número 17 de Sevilla ha condenado al  pago de una multa de 150 euros al parlamentario de IULV-CA por  Sevilla y alcalde de Marinaleda, Juan Manuel Sánchez Gordillo, y al  portavoz del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), Diego Cañamero,  por los disturbios que tuvieron lugar el pasado mes de julio de 2009  frente a la Casa Rosa, sede entonces de la Presidencia de la Junta, y  que concluyó con varias personas contusionadas.  

Durante el juicio celebrado el pasado día 18 de octubre, la  Fiscalía consideró a ambos responsables de una falta leve de  desobediencia a la autoridad, por lo que pedía para Cañamero el pago  de una multa de 200 euros y para Sánchez Gordillo el pago de 300  euros, aunque ambos defendieron en todo momento su inocencia y  anunciaron que, a partir de ese momento, no acudirían a más juicios  ni citaciones policiales "como respuesta a la profunda y persistente  represión policial y judicial".  

En la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, la juez  considera probado que los hechos tuvieron lugar el día 1 de julio de  2009, cuando tres agentes de la Policía Nacional se encontraban en la  Casa Rosa formando parte de un dispositivo policial de seguridad "al  ser el punto previsto" para la finalización de una manifestación  convocada por el SAT.  

Según añade la juez, los manifestantes "procedieron a ocupar el  perímetro de seguridad y parte de la calzada interrumpiendo el  tráfico", a raíz de lo cual los agentes comunicaron a los  "dirigentes" de la manifestación, Sánchez Gordillo y Cañamero, "que  no podían acampar" en dicha zona, "avisando reiteradamente en cuatro  o cinco ocasiones para que desalojaran el lugar".  

"CON LOS PIES POR DELANTE"

Al hilo de ello, y según narra la sentencia consultada por Europa  Press, los denunciados "hicieron caso omiso a las órdenes recibidas e  incitaron a los demás manifestantes para que no se moviera nadie", e  incluso en una de las ocasiones Sánchez Gordillo, "dirigiéndose a los  allí concentrados, dijo que no se moviera nadie y que tendrían que  sacarlos con los pies por delante".   

De este modo, recuerda que los dos imputados, así como los  testigos propuestos por estos, "se limitaron a negar los hechos  alegando que se trataba de una reunión pacífica y que no opusieron  resistencia activa", así como que "le dijeron a los mandos policiales  que iban a hacer resistencia pacífica", pero la juez considera que  los denunciados "desobedecieron las órdenes de los agentes".  

La juez entiende que, en el presente caso, "se dan los requisitos  exigidos legal y jurisprudencialmente" para condenarlos por una falta  de desobediencia a agente de la autoridad, ya que "la orden fue dada  por agentes de policía en el ejercicio de sus funciones; era una  orden concreta para que desalojaran el perímetro de seguridad e iba  dirigida especialmente a los manifestantes".  

"Los denunciantes, con pleno conocimiento de la orden, hicieron  caso omiso de la misma hasta el punto que hubo que ser reiterada en  cuatro o cinco ocasiones, teniendo que proceder al desalojo los  agentes policiales", según prosigue la juez, quien, por todo ello,  condena a ambos al pago de una multa de 150 euros y al abono de las  costas procesales.  

HASTA 1.000 MILITANTES CONCENTRADOS

Los hechos tuvieron lugar el pasado día 1 de julio de 2009, cuando  unos 1.000 militantes del SAT se concentraron frente a la entonces  sede de la Presidencia de la Junta de Andalucía, tras iniciar la  marcha en Villaverde del Río (Sevilla), para demandar medidas que  paliaran la crisis en el medio rural. El SAT reivindicaba, entre  otras cosas, un trabajo público o en su defecto desempleo indefinido  para todos los parados del campo; un 'PER' extraordinario para los  parados del medio rural "que dé trabajo al menos durante cuatro  meses", y una moratoria de pagos de las hipotecas para todos los que  estén en paro.

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