El Juzgado de lo Penal número 13 de Sevilla ha condenado a pagar 6.000 euros por un delito de calumnias a uno de los ocupas del Centro Social Ocupado y Autogestionado (CSOA) 'Casas Viejas' que se encadenó en un zulo para evitar el desalojo de este espacio en noviembre de 2007, y que acusó a dos agentes de la Policía Nacional de torturas físicas y psicológicas.
Fuentes del caso han informado a Europa Press de que, en la sentencia, el Juzgado condena a Agustín Toranzo por un delito de calumnias a 20 meses con una cuota diaria de 10 euros, lo que hace un total de 6.000 euros, mientras que deberá indemnizar a los dos agentes con 1.000 y 200 euros, respectivamente. En la sentencia, se le absuelve del delito de injurias del que estaba acusado.
Durante el juicio celebrado en junio de 2011, el acusado ratificó que el día de los hechos se sintió "coaccionado" por los dos agentes mencionados, pues, a su juicio, "querían sacarlo" de allí "haciéndole daño", y para ello "le precintaron la mano derecha con los pies". De su lado, los dos agentes denunciantes ratificaron que su único objetivo era inmovilizarlo y no hacerle daño.
LOS HECHOS
En su escrito de acusación, consultado por Europa Press, la Fiscalía relata que el procesado fue extraído el 30 de noviembre de 2007, junto a otro compañero, del zulo construido bajo tierra en el inmueble conocido como 'Casas Viejas'. Ese día, dos agentes del Cuerpo Nacional de Policía "procedieron a realizar labores de apoyo a la diligencia de lanzamiento de los ocupantes de dicho inmueble".
Posteriormente, y en rueda de prensa, el imputado denunció que "los malos tratos psicológicos y físicos sufridos no se han podido pagar", así como "ahora voy a hablar de las torturas que nos han hecho para que nos soltáramos de los tubos ...las torturas físicas han sido realizadas exclusivamente por policías nacionales", por todo lo cual la Fiscalía pedía que el acusado pagara una multa de 6.000 euros e indemnizara con 8.000 euros a cada policía por un delito de calumnias con publicidad.
El Ministerio Público entiende que los policías "se limitaron a hacer efectivo el desalojo del modo más proporcionado posible, dada la situación creada por los encadenados y las circunstancias concurrentes", añadiendo que el posible derrumbe de "tan precaria" construcción "fue real y cierto".
Agrega el fiscal en su escrito de acusación que el precinto de la mano derecha con los pies "se debió a la necesidad de inmovilizar a los ocupas, mientras los bomberos apuntalaban el recinto para evitar quedar enterrados todos dentro y mientras se procedía a extraer la mano izquierda del tubo".
