El temor a que el desfonde del negocio de las hipotecas subprime provoque una infección en cascada del sector financiero y de la economía real está generando reacciones inesperadas. Tan inesperadas como la propuesta avanzada por el gobierno estadounidense de congelar el ajuste al alza de los tipos de interés (variables, en principio) de cierto número de hipotecas de alto riesgo. Han leído bien: la propuesta, que de hecho ya está negociándose con las entidades financieras, no procede de ningún especialista o think tank de izquierdas (por demás tan escasos), sino de las propias autoridades americanas, que, siendo tan cerriles e insensatas en política exterior, demuestran conocer y cómo emplear el instrumental de política económica a disposición de los gobiernos. El problema de las denominadas hipotecas basura, hechas a favor de personas que no podían acreditar garantías, es que se contrataban a tipos muy atractivos durante los primeros años, que se compensaban con incrementos ulteriores, que sufrirán una vuelta de tuerca adicional en un escenario como el presente de alza generalizada del precio del dinero. En este contexto, muchos titulares de hipotecas contemplan como aumentan sus pagos mensuales en cantidades que empiezan a estar fuera de sus capacidades. La prueba: el incremento observado de la morosidad y, en muchos casos, de procesos de embargos. Un escenario del que ni se quiere oír hablar en Europa pero que está en la cabeza tanto de prestatarios como de prestamistas.
El Secretario del Tesoro Paulson tampoco es que pretenda hacer tabula rasa. Por lo que se sabe, no pretende beneficiar, congelando los tipos, a todos los titulares de hipotecas subprime, sino sólo a aquellos que presentan unas expectativas de pago razonables pero que el alza desaforada de tipos amenaza con quebrar. Para ello, un paso previo ha de ser la calificación de estos titulares, tarea que presenta no pocas dificultades, sobremanera por las conocidas restricciones impuestas por la presencia de información asimétrica y riesgo moral. Porque el plan, de momento, no contempla ayudar a los que pueden permitirse seguir pagando ni a los primeros desahuciados. El plan ha sido bien acogido por la oposición política. De hecho, los demócratas han sido en los últimos tiempos los pioneros de medidas que eviten a las familias con problemas verse en la calle en estas circunstancias. Sus diferentes líderes, los Clinton, John Edwards y Barack Obama, han adelantado, en este sentido, propuestas de toda índole. Hillary Clinton, por ejemplo, pide una moratoria de tres meses en los embargos de los titulares de hipotecas y una congelación de sus cuotas para cinco años. Y no sólo eso. La candidata va más allá; pretende que el sector crediticio detalle cuántas hipotecas han sido modificadas y cómo. Entre los detractores, como era de esperar, Wall Street, con reparos, bastante contenidos eso sí. Tal vez eso sea otro índice de la alta concienciación de la sociedad ante esta amenaza.
Moraleja: cuando los mercados fallan procede la intervención pública, sin dramatismos ni dogmatismos, de manera pragmática. Más cuando se trata de un problema no ocasionado por los consumidores sino por -no hagamos sangre- las excesivas alegría y opacidad con que las entidades financieras se han aplicado al negocio hipotecario.
José Sánchez Maldonado es catedrático de Hacienda Pública
