Activistas humanitarios encabezados por la premio Nobel de la Paz de 1992, la líder indígena guatemalteca Rigoberta Menchú, conmemoraron hoy el 30 aniversario del asalto e incendio de la embajada de España en Guatemala por parte de las fuerzas de seguridad, con un saldo de 37 fallecidos.
"Han pasado 30 años y este hecho continúa en la impunidad", señaló Menchú en una rueda de prensa ofrecida en la Plaza de la Constitución, frente al Palacio Nacional de la Cultura, en compañía de directivos de una decena de organizaciones humanitarias. La líder indígena, cuyo padre Vicente Menchú fue una de las 37 víctimas del asalto a la legación española el 31 de enero de 1980, lamentó "la falta de voluntad" del sistema de justicia guatemalteco para agilizar el proceso en contra de los responsables del hecho.
Ese día, un grupo de campesinos del departamento indígena de Quiché, acompañados de estudiantes y obreros, ocuparon la sede diplomática para pedir el cese de la represión militar que azotaba esa región del país.
Para desalojarlos, las fuerzas de seguridad, por órdenes del entonces presidente, el ya fallecido general Romero Lucas García, asaltaron la representación española, que por causas aún sin aclarar ardió en llamas tras la incursión de policías y militares.
Diversos recursos legales han impedido la extradición a España de cinco militares y dos civiles procesados ante la Audiencia Nacional española por delitos de genocidio, tortura y asesinatos cometidos en contra de la población guatemalteca en los años ochenta, entre ellos el asalto y quema de la embajada española.
"Este año, 2010, lo declaramos como el año del fortalecimiento de la lucha contra la impunidad en Guatemala", indicó Menchú al asegurar que seguirán "sin pausa" el proceso judicial que se ventila en las Cortes españoles en contra de los ex altos cargos guatemaltecos.
Las 37 personas fallecidas durante al asalto a la sede diplomática española, entre ellas once de la etnia K'iche', cuatro de la Pocomchi', tres ixiles, un kaqchiquel y un uspanteko, además de tres españoles, murieron carbonizadas cuando las fuerzas de seguridad incendiaron el edificio.
Los españoles muertos en ese incidente fueron Jaime Ruiz del Árbol, Felipe Sáenz y María Teresa Vázquez de Villa.
Sólo sobrevivieron el entonces embajador español en Guatemala, Máximo Cajal, y el dirigente indígena Gregorio Yujá Zona, quien horas después fue secuestrado por hombres armados en el hospital al que fue trasladado y su cadáver apareció en una cuneta en el campus central de la estatal Universidad de San Carlos de Guatemala.
A petición de Menchú, la Justicia española, basada en el principio de "jurisdicción universal", inició un proceso penal por genocidio en contra de los generales guatemaltecos Óscar Mejía Víctores, José Efraín Ríos Montt, Ángel Aníbal Guevara y Benedicto Lucas García, el coronel German Chupina (fallecido) y los civiles Donaldo Álvarez y Pedro García.
Sobre estos ex altos cargos existe una orden de captura internacional con fines de extradición emitida por el alto tribunal español, que ha sido dejada sin efecto por la Corte de Constitucionalidad, máximo tribunal de este país centroamericano, que en 2007 la consideró improcedente.
