El actor escocés Sean Connery y su esposa, Micheline, han sido imputados de nuevo por un juzgado de Málaga, acusados de otro delito fiscal de 1,6 millones de euros por la supuesta venta irregular de unos terrenos próximos a la costa malagueña.
El titular del Juzgado de Instrucción 1 de Marbella (Málaga), Ricardo Puyol, argumenta en un auto que de la investigación del caso urbanístico Goldfinger - otra operación contra el fraude en la que también está implicado Connery- se desprenden datos que adivinan otro delito urbanístico, por la venta de una parcela por parte de una sociedad vinculada al actor. El magistrado cree que "a raíz de la documentación intervenida" debe abrir una pieza separada del caso Goldfinger.
Dicha decisión se basa también en que pudieran no guardar relación directa con el otro delito, pero el juez cree que "es más que obvio que son hechos que merecen la urgente actuación del órgano judicial". En teoría, el actor sería llamado a declarar en calidad de imputado, aunque el supuesto fraude a la Agencia Tributaria podría prescribir el próximo 25 de julio, informa Efe. Aún así, el juez ha ordenado que se libre una comisión rogatoria internacional y se le tome declaración en calidad de imputado.
La primera operación que puso a Sean Connery bajo sospecha fue a raíz de la querella presentada en 2006 por parte de la Fiscalía Anticorrupción sobre convenios urbanísticos. A finales del pasado mes de abril el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales, la Sección de Blanqueo de la Policía Nacional y la Agencia Tributaria emitieron informes sobre una operación inmobiliaria en la que habrían participado sociedades supuestamente vinculadas al matrimonio. La firma Montelagares S.A., propiedad de Connery, vendió la parcela conocida como Malibú, en Marbella, donde se ubicaba el chalé del escocés y donde hoy hay 72 apartamentos de lujo. El actor, famoso por hacer de James Bond un icono en los sesenta, solía veranear en Marbella hasta 1999, y residió con su mujer en el chalé Malibú, sobre cuya parcela -en primera línea de playa- se sitúa hoy un edificio de cuatro alturas, terminado entre 2004 y 2005.
Una conclusión de los funcionarios de la Agencia Tributaria y de la Policía contra el blanqueo es que "parte de los beneficios", incluyendo los importes de una posible defraudación "son transferidos al exterior", sobre todo a Reino Unido y Uruguay, siendo el total de "más de 37 millones de euros". Sobre el último país se dice que está en la ‘lista gris' de paraísos fiscales. En el informe se precisa que la promoción se lleva a cabo sobre la base de tres convenios firmados por el Ayuntamiento marbellí, uno con la empresa Malibú S.A, "sociedad poseída por el matrimonio Connery para la tenencia de su chalé en la costa, Casa Malibú" y dos con By the Sea, "en los cuales no se respeta la legalidad vigente".
Para los investigadores, By the Sea, promotora del complejo, "se configura como sociedad opaca, participada inicialmente por sociedades residentes en paraísos fiscales, por lo que se desconoce la identidad de los beneficiarios del sustancioso negocio". "El beneficio se retira de la sociedad conforme se han ido vendiendo los apartamentos", reza el texto.
El informe dice que estas sociedades y sus cuentas "parecen haber estado controladas por un mismo despacho", Díaz-Bastien & Truan Abogados, donde se autorizó el pasado mayo un registro para intervenir los expedientes relacionados con ambas sociedades. Dicho bufete "representa y defiende los intereses económicos de los Connery en Marbella", primero, durante los años 90.
La Agencia Tributaria cree también que la construcción del complejo inmobiliario "no hubiera sido posible sin la connivencia de miembros del Ayuntamiento de Marbella, entre ellos Juan Antonio Roca -presunto cerebro del caso Malaya-, quien por estas acciones posiblemente obtuvo un pago en especie (fincas)". El juez ha citado a declarar hoy al ex alcalde marbellí Julián Muñoz y a varios ex ediles en relación con esta causa, en la que también está imputado Roca.