De entrada, he de afirmar que no me ha sorprendido en absoluto la reciente sentencia del Tribunal Constitucional, que ha rechazado la cuestión de constitucionalidad planteada ante lo que se había considerado como regulación legal que quebrantaba el principio de igualdad ante la Ley, reconocido como Derecho Fundamental en nuestra Carta Magna: un mismo hecho punible puede ser sancionado con mayor o menor grado de reproche penal, según el autor o la víctima sean hombre o mujer.
Ni siquiera me ha sorprendido, lo que es más preocupante, que ese rechazo y refrendo de constitucionalidad se haya dirimido con un importante grado de discrepancia, representativa del origen de los nombramientos de los actuales magistrados de ese Alto Tribunal.
Porque nos guste o no, es lo que tenemos, siendo de lamentar que, sin desmerecer de la profesionalidad y honestidad de sus integrantes, lo cierto es que existe un sentimiento público de que precisamente, en esa instancia no jurisdiccional, sancta santorum de la defensa de los valores de nuestra Democracia, no se atiende, con la debida independencia e imparcialidad, a ciertos asuntos que vienen cargados de resonancia y trascendencia política y mediática. Los propios partidos políticos son conscientes y transmisores de esa corriente de opinión, pues se encargan de extender el descrédito con recusaciones puntuales y con manifiesta intencionalidad de predeterminar el sentido de los ulteriores pronunciamientos.
Mas lo cierto es que, con todo respeto, lo que no deja de asombrarme es que haya sectores feministas que se felicitan por el hecho de que se discrimine a la mujer por el mero hecho de serlo en las relaciones de pareja, porque a la postre toda regla de discriminación, por positiva que se la califique, termina teniendo efectos perversos para el sector o género sexual discriminado. El tiempo dará su último veredicto.
