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Constitución y reforma

Ayer, día 6 de diciembre, se conmemoraron treinta años desde que los españoles, con un porcentaje de voto cercano al ochenta por ciento, aprobamos en referéndum la Constitución Española de 1978.

el 15 sep 2009 / 19:27 h.

Ayer, día 6 de diciembre, se conmemoraron treinta años desde que los españoles, con un porcentaje de voto cercano al ochenta por ciento, aprobamos en referéndum la Constitución Española de 1978. Esa Constitución fue la consecuencia del Pacto Institucional que las fuerzas políticas españolas acordaron a la muerte del dictador Franco, mediante un sistema de renuncias a los programas máximos de cada ideología, de tal modo que la derecha de entonces, muy patriótica pero poco constitucionalista, aceptaba encerrar en el cajón la forma de gobierno unipersonal y autoritaria y se avenía a entrar en un sistema de libertades democráticas que nos equiparara a las democracias de corte occidental; la izquierda, víctima de un radicalismo, consecuencia de cuarenta años de dictadura en la que estuvo perseguida y en la clandestinidad, encerraba en otro cajón ese radicalismo y su pretensión marxista y republicana, para adaptar su pensamiento a un sistema democrático constitucionalista; por último, los nacionalistas periféricos de aquel tiempo, fundamentalmente el nacionalismo vasco y catalán, encerraba en otro cajón sus afanes independentistas para aceptar la descentralización de España y el reconocimiento de los hechos singulares de sus respectivos territorios.

Gracias a ese pacto surgió la Constitución que hoy celebramos; y con ella, los españoles, propensos a tirarnos los trastos a la cabeza a la menor oportunidad, hemos conseguido convivir y caminar juntos durante treinta años, lo que no es poco teniendo en cuenta el dramatismo de nuestra historia en común.

De lo que se trata ahora es de poder seguir conviviendo juntos otras tres décadas; y si para ello resultara necesario realizar algunos ajustes constitucionales, nadie debería tener el más mínimo pudor en plantear las cosas de tal manera que resultaran comprensibles y ajustables a ese deseo de seguir manteniendo la unidad y la convivencia de los españoles. Lo más fácil para ese intento sería darle a la moviola y repasar estos treinta años pasados para, como en el futbol, analizar las jugadas y ver donde estuvieron los errores. Pero eso sería intentar perfeccionar lo que había para hacer más de lo mismo pero mejor, cuando lo que verdaderamente debería importar a los legisladores sería introducir en el texto constitucional la nueva realidad que se ha presentado en la sociedad del siglo XXI.

Cuando se redactó la Constitución de 1978, la realidad era lo que se podía tocar físicamente; cuando alguien, en esa fecha, le decía a otro que le iba a enviar un correo, nadie tenía dudas de que se estaba refiriendo a un correo postal, a una carta física; hoy, en 2008, cuando alguien te dice que te enviará un correo, nadie duda de que se está refiriendo a una carta virtual. La realidad de ahora es la física, la que se puede tocar, pero también la virtual, la que está formada por ceros y por unos. La Constitución que tenemos hace referencia, sobre todo en el capítulo de deberes y derechos, a la realidad física pero no contempla, porque no podía hacerlo, la realidad virtual en la que vivimos instalados desde hace unos años y que es el caldo en el que se mueven con toda naturalidad nuestros jóvenes y todos aquellos que decidimos inmigrar a la digitalización. Conceptos como los de privacidad, propiedad, identidad, frontera, territorio, etc. han ido cambiando a medida que la sociedad virtual ha ido ganado terreno de tal forma que sería necesario que, si se procede a una reforma constitucional, esos conceptos pudieran ser regulados a la luz de la nueva realidad que es tanto física como virtual. Con ello se evitaría poner coto a iniciativas como las que pretende tomar el primer ministro italiano Silvio Berlusconi quien, según la prensa de estos días, planteará en la próxima reunión del G-8 una regulación de Internet en este foro, y no en la ONU, pues considera que en este último organismo hay una "multitud" de países.

De momento 'il Cavaliere' no ha explicado de que forma le gustaría que Internet sea sometido a una regulación. Sólo ha explicado que desearía que sea un "foro abierto a todo el mundo". Ese y otros disparates parecidos pueden plantearse si los gobiernos y las leyes que regulan nuestra convivencia van detrás de los acontecimientos y no se adelantan a lo que pueden ser intentos de la iniciativa privada o de gobiernos con un componente autoritario de privatizar lo que, por no pertenecer a nadie, es propiedad de todos, sin que ningún gobierno ni particular tenga derecho a apoderarse de ello como si de un producto industrial se tratase. Son esas nuevas situaciones las que deberían ser recogidas en el texto constitucional si, de verdad, queremos seguir avanzando juntos durante otro largo periodo de tiempo. Si nos enredamos en el pasado, podremos estar discutiendo treinta años más sin que se prevea la posibilidad de llegar a un buen acuerdo. Sólo pensando en el futuro, imaginándolo e innovando seremos capaces de dejar nuestras disputas históricas y podremos caminar unidos en lo que verdaderamente importa: el futuro de nuestros hijos. Pensando en ellos, la Constitución española tiene ya que reconocer el derecho a la conectividad a la red de nuestros alumnos en el sistema educativo español. Hoy es difícil imaginar un sistema educativo donde el éxito acompañe a nuestros alumnos si seguimos empeñados en convertir en analógicos durante seis horas al día a quienes, por su cultura, ya son puros seres digitales que no comprenden que se les haga entender y comprender las cosas y los conceptos de una manera unidireccional. Ellos, los alumnos, necesitan comprender la información siendo partes activas de la elaboración de la misma y contrastando las opiniones magistrales con las miles de opiniones que la red genera, con rigor o sin él, de una manera exponencial.

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