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Contra la siniestralidad laboral

Hace cuatro años, la Delegación de Empleo del Ayuntamiento de Sevilla impulsó una iniciativa novedosa a favor de la protección de la salud y de la vida de las y los trabajadores en sus puestos de trabajo...

el 15 sep 2009 / 04:01 h.

Hace cuatro años, la Delegación de Empleo del Ayuntamiento de Sevilla impulsó una iniciativa novedosa a favor de la protección de la salud y de la vida de las y los trabajadores en sus puestos de trabajo, pese a no contar con competencias en la materia, que residen en la Junta de Andalucía y en el Gobierno de España. Para dicha aventura contó con las uniones provinciales de UGT y CCOO de Sevilla.

Dichas medidas, que se vinieron a denominar Pliego de Cláusulas Administrativas Generales contra la Siniestralidad Laboral, consistían ni más ni menos en asegurar por contrato que las empresas que quisieran trabajar para el Ayuntamiento, para las empresas municipales y para sus organismos autónomos, iban a tener que respetar la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y garantizar su cumplimiento efectivo.

Igualmente, si en las obras se detectaba alguna anomalía en este sentido, se facultaba a los técnicos designados por las propias organizaciones sindicales para inspeccionar las obras y solicitar que las mismas no siguieran avanzando hasta que se subsanara dicha irregularidad.

Esto, que dicho así, parece algo lógico y sencillo, destapó la caja de los truenos de la patronal del sector, que afirmaba que el Ayuntamiento de Sevilla no tenía derecho a realizar dichas cláusulas, que suponían una intromisión inaceptable y que sindicatos y Administración iban a utilizar la potestad de inspección más como instrumento de presión que como herramienta de vigilancia.

Pero desde la Delegación de Empleo estábamos decididos a no desaprovechar el impulso social iniciado y al articulado inicial del pliego se incorporaron otros tendentes a la protección social de los trabajadores, que garantizaban el poder acceder al mundo laboral a parte de la población activa que, por distintas razones, tenían mayores dificultades de incorporación al mismo. Se trataba de parados de larga duración, mayores de 45 años, mujeres, etc. Era el Pliego de cláusulas administrativas generales de calidad social en la contratación pública.

Un reciente informe de la Organización Internacional del Trabajo bajo el epígrafe La dimensión social de la contratación pública: Pliego de cláusulas administrativas generales de calidad social en la contratación pública aprobado por la Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla (España), avala el derecho que asiste al Ayuntamiento de incluir estas cláusulas, que son para salvaguarda de la vida, la salud e incluso los derechos sociales de aquellas personas que trabajen o vayan a trabajar en dicho ámbito municipal.

El resultado de estas medidas, cuatro años después de su entrada en vigor, es que no se ha producido ni un solo fallecimiento, ni ningún accidente grave u muy grave en las obras realizadas por el Ayuntamiento ni por los organismos y empresas municipales.

Para que se hagan cargo de la importancia que esto tiene, comentarles que se han realizado más de 2.000 inspecciones. Por cierto, no se ha paralizado ninguna obra ni se ha utilizado la inspección como instrumento de presión alguna, con lo que espero se hayan disipado las reticencias iniciales de las organizaciones empresariales en este sentido. Se ha trabajado en este periodo con 2.800 empresas contratistas y subcontratistas, ha afectado a 10.000 trabajadores y trabajadoras, con un volumen de facturación de más de 850 millones de euros.

Todo ello me permite pedir a las organizaciones empresariales de Sevilla que abandonen sus recelos iniciales y se unan a esta batalla a favor de la vida y la salud de los trabajadores y trabajadoras, y al resto de administraciones que nos copien y exijan a las empresas que trabajen para ellas el cumplimiento de medidas como las que ya se aplican, con éxito, en el Ayuntamiento de Sevilla.

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