Economía

Contsa queda bajo tutela judicial para intentar pagar la deuda a los inversores

El juzgado de lo Mercantil de Sevilla ha aceptado la suspensión de pagos solicitada por el Grupo Contsa, que mantiene bloqueados los ahorros de 1.200 sevillanos. Dos de ellos ratificaron ayer sus denuncias contra la sociedad ante la juez, mientras que un tercero optó por retirarla. (Foto: A. Acedo).

el 15 sep 2009 / 00:32 h.

I. C. R.

El juzgado de lo Mercantil de Sevilla ha aceptado la suspensión de pagos solicitada por el Grupo Contsa, que mantiene bloqueados los ahorros de 1.200 sevillanos. Dos de ellos ratificaron ayer sus denuncias contra la sociedad ante la juez, mientras que un tercero optó por retirarla.

El juzgado de lo Mercantil de Sevilla ha aceptado el concurso voluntario de acreedores (antigua figura de la suspensión de pagos) que había solicitado Contsa y ha nombrado a tres administradores judiciales: un economista, un abogado y un tercero que designarán los acreedores, según informaron ayer a Efe fuentes judiciales.

Además, ayer se dieron cita en los juzgados dos de los inversores afectados por la crisis de liquidez de la empresa sevillana, que declararon ante la juez titular del Juzgado de Instrucción número 17, al que acudieron para ratificar sus denuncias contra los administradores de Contsa por presuntos delitos de estafa y apropiación indebida. Sin embargo, un tercer cliente, que había presentado una denuncia, decidió retirarla, a pesar de que estaba igualmente citado ante la juez para ratificarla.

Manuel Jiménez Hurtado, que invirtió a comienzos de octubre 36.000 euros en la sociedad y sólo recibió una mensualidad de 490,90 euros de los intereses comprometidos, declaró ante la juez durante una hora. En su declaración, este vecino del barrio de Pino Montano aseguró que, en una reunión con el abogado de la empresa, éste le explicó que sus inversiones estaban en una "lista B" situada fuera de España "y, por eso, los beneficios tardaban más en llegar".

Jiménez incidió ante la juez en que la empresa ya presentaba problemas de liquidez desde el mes de mayo y que, a pesar de que los administradores conocían esa situación, siguieron aceptando nuevas inversiones, entre ellas la suya. "Si hubiera conocido la verdadera situación de la sociedad, no habría metido todos mis ahorros", aseveró.

"Me engañaron por activa y por pasiva con una estafa monumental", apostilló el inversor, que ha dirigido su denuncia penal contra el apoderado de Contsa Fernando L., que fue quien gestionó su inversión.

El segundo afectado que ayer ratificó su denuncia es un hombre que invirtió 120.000 euros, y que tanto él mismo como su letrado se negaron a identificarse y explicar su acusación.

El tercer afectado citado había invertido 600.000 euros pero su demanda se refería sólo a un pago de intereses que asciende a 90.000 euros, explicaron fuentes del caso. La no comparecencia de este afectado puede interpretarse como una retirada de la acusación, si bien otras fuentes han explicado que el delito de estafa se encuentra entre los que debe perseguir de oficio el Ministerio Fiscal. Tanto el presidente de la empresa, José Salas Burzón, como el apoderado denunciado han sido citados como imputados el próximo 7 de marzo.

Los afectados son unos 1.200 pequeños inversores que le confiaron entre 6.000 y 200.000 euros cada uno con la promesa de lograr una rentabilidad mínima garantizada, por lo que el montante de las inversiones puede superar los 60 millones de euros. En su foro de internet, la mayoría de los inversores, sin embargo, han dado un voto de confianza a la empresa pues consideran que dispone de activo suficiente para hacer frente a las deudas. La empresa ha convocado a los inversores el 3 de marzo en el hotel Al Andalus.

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