I. Campanario / J. Rubio n sevilla
El Grupo Contsa se ha convertido en la primera víctima sevillana conocida que se ha visto afectada por la crisis inmobiliaria y por la restricción del crédito de las entidades financieras. Su presidente, José Salas Burzón, admitió ayer que la situación es tal que se ha visto abocado a solicitar un concurso voluntario de acredores.
El grupo empresarial sevillano Contsa, que cuenta en su entramado con una treintena de sociedades aunque su actividad fundamental se concentra en el sector inmobiliario, se ha visto "obligado" a entrar en suspensión de pagos, según reconoció ayer su presidente, José Salas Burzón.
La raíz de esta situación se encuentra en que Contsa no ha podido hacer frente al pago de las deudas pendientes contraídas con sus inversores, quienes hasta hace unos meses entregaban sus ahorros con el compromiso de lograr una rentabilidad mínima garantizada. En esta situación se encuentran entre 1.100 y 1.200 ahorradores, explicó a este diario Salas Burzón, quien precisó que las cifras invertidas oscilan entre los 6.000 euros y los 200.000.
Según precisó, "hacíamos más o menos lo mismo que en bolsa pero con el ladrillo". Es decir, que utilizaba el dinero invertido en distintas operaciones de compra y venta de promociones, terrenos, pisos, locales, etcétera, con los que obtenía beneficios que entregaba en concepto de intereses.
El empresario achaca, pues, a "la caída del mercado inmobiliario y a las fuertes restricciones del crédito", que han mermado considerablemente su actividad y sus beneficios, las causas que han impedido "un puntual reparto" de las ganancias a sus inversores. Incide, además, que ha actuado como agravante "la fuerte presión y exigencia" de algunos inversores, que no han aceptado "ningún tipo de moratoria" para permitir el relanzamiento de la actividad cuando cambiase la coyuntura del mercado, explica la nota.
Por esta razón, Salas Burzón precisó que ha pedido el amparo judicial (de entre tres a cinco años) "que da la ley" para recomponer la situación. "Con esto, lo que hago es proteger el capital de mis clientes".
Sin embargo, los problemas de liquidez en el grupo sevillano se remontan al menos al pasado mes de diciembre, cuando surgieron los primeros rumores sobre la existencia de dificultades para hacer frente a los pagos comprometidos. Este periódico se puso entonces en contacto con su presidente, quien desmintió rotundamente esa información y la justificó alegando que "en Sevilla hay mucha envidia".
En ese momento, incidió en que las quejas de los clientes se debían a que Contsa, en la época de bonanza del ladrillo, pagaba los intereses por adelantado cada mes y que, sin embargo, habían pasado a abonarse con carácter trimestral.
La confianza de los inversores en esta empresa, que no había generado problemas de impago en sus casi 20 años de existencia, propició que no proliferaran entonces las denuncias. Pero ahora esa situación ha cambiado.
Con estos antecedentes, la compañía ha solicitado a la jurisdicción mercantil la incoación de un concurso voluntario de acreedores "en la confianza de que puedan establecerse las bases de un convenio que permita la satisfacción de las obligaciones económicas que la empresa tiene con sus socios e inversores, y de otro, la continuidad de una empresa modélica en el sector", añade Contsa.
Aun así, insiste en que la empresa es solvente, porque "hay una diferencia de 30 millones de euros entre el activo y el pasivo", e insiste en que el ladrillo tiene seguridad, pero no liquidez.
Bajo estos argumentos, la empresa pide a los socios e inversores "su comprensión" ante una situación que considera que "afecta a la práctica totalidad del tejido económico nacional", así como apela a "su confianza y apoyo" que podrá retomar "en breve su actividad", con su ayuda, especifica la nota.
