La inmobiliaria Contsa, en suspensión de pagos, tiene un déficit de 87,3 millones de euros y un total de 1.653 acreedores, frente a los 609 reconocidos por la empresa, según el balance definitivo aprobado por el Juzgado de lo Mercantil de Sevilla.
Fuentes del caso han informado hoy a Efe de que el balance definitivo establecido por la juez de lo Mercantil 1 de Sevilla arroja pocas diferencias con respecto al primero, aprobado en julio de 2008, y arroja un activo de 31.696.633,66 euros y un pasivo de 118.998.202,24, lo que significa un déficit de 87.301.568,58 euros, frente al déficit de 86.821.335,62 euros establecido en 2008.
Contsa captaba a pequeños ahorradores con la promesa de intereses desorbitados de hasta el 40 por ciento y su dueño, José Salas Burzón, se encuentra encarcelado desde octubre de 2008 por presuntos delitos de estafa piramidal, falsedad contable, administración desleal e insolvencia punible.
El inventario final ha incrementado el pasivo debido a una deuda de casi dos millones de euros de Contsa con la Agencia Tributaria por retenciones no declaradas del capital entre 2004 y 2007, y los activos se han elevado merced a un crédito de Contsa a propio dueño de 3.195.338 euros, que los administradores judiciales no incluyeron por ser de difícil cobro.
El activo también se ha elevado en otros 34.339 euros en que ha aumentado el valor del mobiliario en la sede central de la empresa y algunos de sus apartamentos, hasta totalizar 142.899,43 euros por este concepto, han añadido las fuentes.
Los activos de 31.696.633,66 euros contrastan con los 79.870.023,18 euros en los que el propietario de Contsa valoró sus propiedades.
Las fuentes han precisado que este balance, que no es recurrible, se ha establecido tras estudiar todas las impugnaciones presentadas al primer inventario y ahora, una vez que los administradores judiciales se pronuncien sobre su viabilidad, el juzgado abrirá la fase de convenio y convocará a los acreedores para el reparto de los bienes existentes.
El inventario definitivo de Contsa ha sido fijado por la juez de lo Mercantil que llevó todo el caso hasta su traslado a otro juzgado, por lo que ha emitido esta última sentencia en virtud de una licencia especial.
Junto al dueño de la inmobiliaria, en la causa penal están imputadas una decena de personas, entre ellas su esposa, un apoderado, varios empleados y el presidente de la Asociación de Afectados, imputado por cobrar presuntamente 200.000 euros cuando ya se conocían los problemas de liquidez.
La Audiencia de Sevilla acordó en febrero pasado rebajar de dos millones de euros a 750.000 euros la fianza para que Salas pueda salir de la cárcel, cantidad que el empresario no ha podido reunir aunque fuentes del caso han informado a Efe de que es previsible su excarcelación cuando en octubre próximo cumpla los dos primeros años encarcelado.
